Petro admitirá ante la ONU que el Estado colombiano no cumplió con la implementación de los acuerdos de paz

El presidente Gustavo Petro firmó este martes un acuerdo de entendimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para avanzar en la ejecución de proyectos restaurativos impuestos como sanciones propias por el Tribunal para la Paz. El acto se llevó a cabo en presencia de magistrados de la jurisdicción, incluido su presidente, Alejandro Ramelli.

Durante su intervención, el jefe de Estado anunció que acudirá al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer que el Estado colombiano incumplió los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.

“Plantearé la verdad: que el Estado de Colombia, no el presidente, incumplió el acuerdo y falló ante la humanidad en el compromiso que asumió hace ocho años”, afirmó.

El mandatario también se refirió a la canciller, Laura Sarabia, quien intervino este mismo martes en la sesión del Consejo de Seguridad donde se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Petro señaló que dialogó con la jefa de la diplomacia colombiana y le sugirió modificar su discurso para reflejar con mayor precisión los desafíos actuales en la implementación del acuerdo.

Lea: Petro critica al Congreso por frenar reformas: "Las leyes las hicieron narcotraficantes"

“Me escribió ayer la canciller con su discurso. Le dije que lo cambiara un tanto, porque nosotros no vamos a contar cuentos en el Consejo de Seguridad de la ONU”, expresó el Presidente. Enfatizó que, aunque se han logrado avances importantes, aún persisten “agujeros oscuros” que impiden el cumplimiento pleno del pacto.

Por su parte, la ministra Sarabia reafirmó ante la ONU el compromiso del Gobierno con la implementación integral del acuerdo. En su intervención, destacó logros como la aprobación de 2.4 billones de pesos para los municipios PDET, la actualización catastral de 9.6 millones de hectáreas, la adjudicación de más de 133 mil hectáreas a campesinos, y la reincorporación activa de más de 12 mil excombatientes.

Sarabia también atribuyó al gobierno anterior parte del estancamiento en la implementación, calificando sus decisiones como “políticas egoístas” y subrayó que Colombia no acudió al organismo internacional a pedir indulgencias, sino a reafirmar su compromiso con una paz duradera.