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Aunque la Comisión Séptima del Senado de la República ha venido liderando unas audiencias sobre la reforma a la salud, que ya se encuentra en tercer debate, la oposición insiste en que este proyecto debe tramitarse por la Comisión Primera, ya que se trata de una norma que modifica aspectos sustanciales de un derecho fundamental.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, junto a otros seis legisladores de partidos de oposición, presentaron una solicitud oficial ante la mesa directiva del Congreso, presidida por Iván Name, para que este proyecto sea retirado de la Comisión Séptima y enviado a la Comisión Primera, y sea abordado como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria.
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“Hemos radicado con la firma de siete senadores de la Comisión Primera, una carta para el presidente Name, pidiéndole que la ley de salud sea tramitada como lo ordena la Constitución, como ley estatutaria y en la Comisión Primera del Senado”, señaló Valencia.
Tramitar la reforma a la salud como una ley estatutaria modifica la manera como debe ser aprobada, ya que se necesitaría una mayoría absoluta para que pueda salir adelante y la misma no se podría estudiar en febrero, habría que esperar hasta el 16 de marzo, cuando constitucionalmente el Congreso puede debatir actos legislativos y leyes estatutarias.
“No podamos permitir que destruyan el derecho a la salud y que lo hagan sin las mayorías que la Constitución establece. Creemos que esa ley fue mal tramitada, violó las normas, pero sobre todo, le hizo trampa a los colombianos y por eso vamos a seguir defendiendo nuestro sistema, la Constitución y el derecho de los colombianos de que esa norma se tramite por la Comisión Primera”, indicó.
Los legisladores señalaron en la carta que si bien el proyecto busca modificar la ley 100, que es una norma ordinaria, hoy en día la salud es considerada por jurisprudencia de la Corte como un derecho fundamental, razón por la cual su trámite debe ser distinto.
“Es necesario señalar que cuando el Congreso de la República discutió y aprobó la Ley 100 de 1993, como ley ordinaria, el derecho a la salud no tenía la relevancia constitucional que tiene hoy. Mal podría considerarse que las modificaciones al sistema de seguridad social en salud pueden realizarse por medio del mismo trámite de hace 30 años. Máxime cuando los preceptos normativos y jurisprudenciales que se han desarrollado en el país a lo largo de los últimos 16 años en la materia han permitido consolidar varios aspectos del derecho fundamental a la salud”, afirman.
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Los congresistas de la oposición precisaron que el proyecto de ley acaba el derecho que tiene cada ciudadano de escoger su aseguradora en salud dentro del modelo mixto y pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema, asuntos que deben ser abordados con sumo cuidado.
