Nueva ley en Colombia contra el hambre y el desperdicio de alimentos
La iniciativa establece políticas para asegurar el derecho a la alimentación.

A sanción presidencial pasó un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que crea el Fondo para la Lucha contra el Hambre y el Desperdicio de Alimentos en el país.
Se trata de una iniciativa ambiciosa en materia social, que busca fomentar políticas para combatir la desnutrición en Colombia y garantizar el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos.
Le puede interesar: JEP acredita como víctima de persecución política a jefe de partido Fuerza Ciudadana
El senador Jorge Benedetti, quien impulsó esta propuesta, aseguró que el objetivo es diseñar políticas que permitan disminuir las toneladas de alimentos que se desechan cada año.
“No podemos seguir siendo un país donde se botan millones de toneladas de alimentos, mientras niños se acuestan sin cenar. Esta ley es un compromiso con la dignidad humana y la justicia social”, sostuvo.
“Cada año, Colombia desperdicia más de 9 millones de toneladas de alimentos, mientras que el 30 % de la población sufre inseguridad alimentaria y el 11.5 % vive en pobreza extrema”, añadió.
Con esta nueva ley, a parte de la creación del fondo especial ya mencionado, se buscará centralizar y optimizar recursos públicos y privados para combatir el hambre en el territorio nacional.
Adicionalmente, se fortalecerá el sistema de donación de alimentos, se facilitará la conexión entre quienes los producen y quienes más los necesitan. Además, se plantean controles más estrictos a los establecimientos, para evitar el mayor desperdicio posible e incentivar su donación.
“No puede haber justicia social mientras haya hambre. Esta ley es una herramienta para saldar esa deuda histórica con los más vulnerables”, afirmó Benedetti.
Consulte aquí: “Infames”: Centro Democrático rechaza difusión de noticia falsa sobre recuperación de Miguel Uribe
Esta nueva ley le ordena al Gobierno Nacional implementar procedimientos para que los alimentos incautados por el Estado no se destruyan, sino que haya una política de donación de los mismos.
También se crean rutas para conectar comercializadores y productores con poblaciones vulnerables, para la distribución de los alimentos y se obliga a que cada cinco años se actualice la política pública de seguridad alimentaria y la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional.