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Este martes se llevará a cabo el debate de moción de censura contra la ministra de Transporte Ángela María Orozco, señalada de intentar favorecer al sector financiero en medio del escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II.
La iniciativa, impulsada por el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, cuenta con el apoyo de otros congresistas de oposición, quienes aseguran que la alta funcionaria tendría nexos con el Grupo Aval, entidad con la que habría tenido negocios.
Con todo esto, el ambiente político señala que la medida no surtirá efecto, como ha ocurrido en pasadas oportunidades. Así lo explicó a LA FM Ricardo Flores, abogado constitucionalista:
"El problema con estas iniciativas es que se crearon para dar herramientas a la oposición, pero en el ejercicio de la democracia es muy difícil que puedan ser más que una forma de hacer ruido. Tendría que ser un escándalo realmente bochornoso para que los mismos partidos de Gobierno voten en contra de un ministro".
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En poco más de un año, esta es la tercera vez que se intenta aplicar esta figura contra un ministro del gobierno de Iván Duque. Las dos anteriores no prosperaron y el panorama augura que esta ocasión no será diferente.
El primer jefe de gabinete que tuvo que pasar a responder ante el Congreso fue Alberto Carrasquilla, a quien se le señaló de favorecerse con los llamados 'bonos de agua' o 'bonos Carrasquilla'.
Pese a tratarse de uno de los escándalos más sonados de finales del año pasado, el Ministro de Hacienda salió bien librado, evadiendo el debate en Senado y obteniendo una contundente votación favorable en Cámara.
Algo similar le ocurrió al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien tuvo que dar explicaciones por supuestamente permitir la violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares, así como encubrir el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, así como su participación accionaria en una empresa de seguridad, causando así un conflicto de intereses. Con todo ello, Botero también superó la moción de censura en Cámara con una votación arrolladora que le permitió permanecer en el cargo.
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Con estos antecedentes, más los ejemplos de gobiernos anteriores (algo similar sucedió cuando Ernesto Samper fue presidente y tres de sus ministros fueron cuestionados por el Proceso 8.000), todo parece indicar que con Orozco la fórmula se va a repetir.
La razón radica en la naturaleza misma de la moción de censura, un mecanismo constitucional de control político que requiere la mayoría del congreso para surtir efecto.
Flores lo explica de esta manera:: "La Constitución establece el mecanismo de moción de censura en su artículo 135 como una forma de hacer control político a un alto funcionario. Sin embargo para ser aprobada, la votación debe superar la mayoría absoluta".
Esto quiere decir que, si la discusión se realiza en el Senado, la moción de censura necesita más de 54 votos, ya que son 108 senadores. En Cámara el número es 86, al ser 172 los representantes. Este número puede variar si alguna a alguna curul se le aplica la figura de silla vacía.
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"Todo esto hace muy difícil que llegue a buen puerto. La oposición es muy inferior en número a la bancada gobernista. En estos momentos, el único salvavidas a esta medida es convencer a los independientes (Cambio Radical y el Partido Liberal), lo cual parece poco probable ya que en las dos anteriores oportunidades terminaron respaldando a los ministros", asegura Flores.
Cabe recordar que, de no prosperar la iniciativa, Orozco no podrá volver a ser llamada por los mismos temas por los que debe responder esta oportunidad, a menos que se tengan pruebas que refuercen las denuncias hechas por los congresistas citantes.
