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Desde hace un mes, en el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá permanece estancado un incidente de desacato que podría imponerle una multa o un arresto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El caso, que comenzó con una tutela de los sindicatos, cuestiona la opacidad de la administración de Jaramillo.
El ministro ha liderado una reorganización que busca ampliar la planta del Ministerio de Salud. En abril de 2024 llegó a su etapa final, en la que entre directivos se revisaba cómo es la estructura organizacional actual del ministerio y cómo sería la actualización, con nuevos cargos y perfiles.
La postura del sector sanitario es que está cumpliendo el artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, que establece un "plan de formalización" que crea "nuevas modalidades de acceso al empleo público" bajo lineamientos del Departamento de la Función Pública.
Pero los sindicatos no están conformes con la explicación. Por eso en abril, julio, agosto y octubre de 2025 enviaron peticiones formales para que el ministerio informara, con toda la documentación necesaria, en qué se basó para apuntarle a la contratación de más personal.
El ministerio no respondió adecuadamente, así que los sindicatos interpusieron una tutela el 4 de diciembre. El Juzgado Sexto avanzó en el trámite y el 22 de diciembre amparó el derecho fundamental de petición de las agremiaciones. La cartera tenía 48 horas para contestar.
Aparentemente, no cumplió. La Asociación de Servidores Públicos de Entidades de Seguridad Social (Asoness), el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Salud (Sindimisalud) y la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sector Salud (Asominsalud) impulsan un incidente de desacato.
El rediseño institucional y la creación de cientos de nuevos cargos
"Persiste la vulneración del derecho fundamental de petición y el incumplimiento de la orden judicial impartida", señalaron los sindicatos al pedir la apertura del incidente, porque el ministerio de Jaramillo "no ha remitido respuestas completas ni aportado los documentos como fue ordenado".
El 6 de enero de 2026 el juzgado emitió un auto que le ordenó a la entidad pronunciarse "de manera inmediata" frente al desacato. Ya la cartera recibió la notificación, y le quedan dos caminos: acreditar el cumplimiento de la sentencia de tutela o encarar las consecuencias de su incumplimiento.
Dos días después, el subdirector de Gestión del Talento Humano, Cristhian Abello, le aseguró a Asoness que cumpliría la orden judicial, mas el sindicato le envió al juzgado un correo marcado como “urgente” en el que pedía, una vez más, abrir el incidente de desacato.
El 13 de enero el juzgado le envió a la Corte Constitucional el fallo de tutela, y ocho días después le ordenó al Ministerio de Salud, de nuevo, manifestarse “de inmediato” sobre las solicitudes de desacato o sobre “el real cumplimiento de la orden de tutela en los términos y condiciones allí establecidos”.
Hasta ahí va el proceso. El 21 de enero el juez Anyelo Mauricio Acosta García condicionó el fin del trámite del desacato a que se hubiera “superado” la “transgresión” del ministerio. El silencio del despacho trascendió mientras se acercaba el inicio de la Ley de Garantías.
La planta actual del Ministerio de Salud cuenta con siete oficinas, nueve direcciones y dieciséis subdirecciones, adscritas a las dependencias del ministro, de dos viceministros y de la secretaría general. La propuesta de rediseño institucional pretende crear un viceministerio adicional.
En total, las proyecciones resultarían en seis oficinas, catorce direcciones —cinco más que las actuales— y veintidós subdirecciones —seis más—, para así rellenar el incipiente viceministerio de Gestión de Servicios, que se sumaría al de Salud y al de Protección Social.
Ley de Garantías, decretos de última hora y cuestionamientos políticos
La Subdirección de Talento Humano del ministerio preveía en junio de 2025 crear unos 462 cargos para la institución propiamente, con un costo de más de 66,2 mil millones de pesos, y otros 73 para el Fondo Nacional de Estupefacientes, con 7,89 mil millones.
Cinco meses después, el ministerio disminuyó su cifra a 442 nuevos cargos, planificando para este año una inversión de 59,4 mil millones de pesos. En todo caso, la primera semana de enero el Ministerio de Hacienda no había aprobado la asignación presupuestal requerida, así que la agencia sanitaria no concretaba la contratación.
Guillermo Alfonso Jaramillo y el Ministerio de Salud tenían hasta el 31 de enero para modificar su nómina. Luego no podían hacerlo hasta la segunda vuelta presidencial, de acuerdo con la Ley de Garantías y una circular del 28 de octubre de Función Pública y el Departamento de la Presidencia.
La Contraloría General de la República reportó en el primer mes de 2026 la firma de más de 521 mil contratos de entidades territoriales y nacionales que sumaron unos 32 billones de pesos. La mayoría de los convenios tuvo la modalidad de prestación de servicios y de contratación directa.
El 30 de enero, un día antes de que la Ley de Garantías entrara en vigor, el Ejecutivo expidió los decretos 120 y 121 de 2026, que modificaron la planta del Ministerio de Salud. El último de ellos afirma tener el aval del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del Ministerio de Hacienda para 451 nuevos empleos.
Las normativas suprimen 617 empleos y crean luego 1.068 cargos, sin estructurar al viceministerio de Gestión. El costo anual sería de 59 mil millones de pesos. El incidente de desacato, mientras tanto, sigue en vilo. El representante a la Cámara Andrés Forero, cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, denuncia intereses electorales en la medida.
