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En la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el panorama político colombiano se intensifica con cierres de campaña, llamados a defender el voto, tensiones entre sectores políticos y nuevas alertas sobre seguridad y orden público.
La agenda política estuvo dominada por los actos de cierre de campaña de varios candidatos presidenciales. La senadora Paloma Valencia realizó concentraciones en Medellín y Bogotá, donde reiteró su promesa de desmontar la política de “paz total” y reactivar las órdenes de captura contra jefes de grupos armados ilegales una vez llegue a la Presidencia. En paralelo, Iván Cepeda y Aída Quilcué realizaron actividades en Cartagena y Barranquilla, defendiendo el legado del presidente Gustavo Petro y planteando un homenaje nacional al mandatario en caso de llegar al poder. También Abelardo de la Espriella cerró campaña en Barranquilla y Medellín, centrando su discurso en seguridad, corrupción y autoridad.
El proceso electoral ya comenzó para los colombianos en el exterior, con Nueva Zelanda como el primer país en abrir las votaciones. La Cancillería y el Consejo Nacional Electoral destacaron un incremento en el número de ciudadanos inscritos fuera del país y reportaron amplia cobertura de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional. En medio de este contexto, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de una movilización masiva para proteger la transparencia de las elecciones ante denuncias sobre posibles irregularidades en el software de escrutinio.
En materia de seguridad, la situación sigue siendo crítica en varias regiones. En Norte de Santander, un soldado murió y siete militares resultaron heridos tras un ataque del ELN con drones cargados de explosivos contra una patrulla militar. Además, la Defensoría del Pueblo alertó que durante 2026 ya se han registrado 25 casos de reclutamiento forzado de menores y más de 54 mil personas afectadas por desplazamientos y confinamientos. En Cauca, comunidades indígenas misak y nasa lograron una tregua después de violentos enfrentamientos que dejaron varios muertos y más de cien heridos.
Otro de los temas centrales es la crisis del sistema de salud. Acemi advirtió sobre el deterioro financiero y operativo del sector, reflejado en el aumento de tutelas, quejas y dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. El gremio propuso crear un “puesto de mando por la salud” para priorizar pacientes críticos, además de ajustar la UPC y saldar deudas acumuladas por cerca de 11 billones de pesos. También cuestionó las intervenciones del Gobierno a varias EPS y planteó reformas al régimen subsidiado y al sistema del magisterio.
La infraestructura y la economía también aparecen en la discusión pública. Tras cinco días de bloqueos, fue reabierta la vía hacia Buenaventura, aunque transportadores denunciaron robos y pérdidas superiores a 90 millones de dólares diarios. A su vez, la Red PRO manifestó preocupación por decisiones del Gobierno relacionadas con concesiones y alianzas público-privadas, advirtiendo riesgos para la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
En Bogotá, la agenda local estuvo marcada por operativos contra el narcotráfico, nuevas preocupaciones por inseguridad y accidentes de alto impacto. También se reportaron búsquedas de jóvenes extraviados en los cerros orientales y medidas para reforzar la presencia policial en municipios de Cundinamarca. Mientras tanto, en el ámbito judicial, la Fiscalía avanzó en procesos relacionados con corrupción, homicidios y estafas multimillonarias, mientras la Corte Constitucional estudia un expediente que podría modificar las reglas sobre el suicidio asistido en Colombia.
