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El expresidente Juan Manuel Santos rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que consolidaba la denominada Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, una figura jurídica creada para proteger sitios sagrados de los pueblos indígenas de la región.
A través de un pronunciamiento público, el exmandatario aseguró que la Línea Negra no puede entenderse como un simple límite geográfico, sino como un sistema espiritual y cultural que conecta montañas, ríos, lagunas y zonas costeras consideradas sagradas por las comunidades ancestrales.
“Es un anillo invisible que une decenas de sitios sagrados y sostiene la memoria ancestral”, afirmó Santos, al defender la importancia simbólica y ambiental de este territorio, considerado por los pueblos indígenas como el “corazón del mundo”.
Un fallo por aspectos formales, no de fondo
Según explicó el exjefe de Estado, la decisión judicial se fundamenta en dos aspectos formales que, a su juicio, pueden corregirse mediante un nuevo acto administrativo.
El primero está relacionado con la presunta falta de consulta a comunidades afrocolombianas y wayuu. Santos sostuvo que, durante más de cuatro años de discusión, distintos sectores participaron en el proceso y fueron escuchados dentro de la construcción del decreto.
El segundo argumento del alto tribunal señala la ausencia de la cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, requisito técnico que —según el expresidente— ya fue subsanado, pues los mapas oficiales actualmente existen.
Para Santos, estos elementos no cuestionan el fondo de la medida, sino aspectos procedimentales que deberían ajustarse rápidamente para evitar retrocesos en la protección del territorio.
Protección ambiental y dimensión espiritual
El exmandatario insistió en que preservar la Línea Negra implica proteger no solo la biodiversidad de la Sierra Nevada, sino también una visión cultural que durante siglos ha contribuido a la conservación ambiental.
Recordó además que la figura responde a una orden emitida por la Corte Constitucional de Colombia en 2013, orientada a garantizar el acceso de las comunidades indígenas a sus sitios sagrados y la continuidad de prácticas tradicionales como los pagamentos.
En ese sentido, rechazó versiones que han circulado en los últimos años sobre supuestos impactos en la propiedad privada o en la autonomía institucional.
“La Línea Negra no impone creencias, no afecta derechos adquiridos ni crea nuevas autoridades ambientales”, aseguró, al señalar que su propósito central es permitir que las comunidades mantengan el equilibrio espiritual y cultural del territorio.
Llamado urgente al Gobierno
Santos pidió al presidente de la República expedir un nuevo decreto “lo antes posible” que corrija los puntos señalados por el Consejo de Estado y restablezca la protección jurídica de la zona.
Advirtió que la discusión trasciende lo jurídico y toca dimensiones ambientales y sociales clave para el país, al considerar que la preservación de la Sierra Nevada está directamente relacionada con la protección del agua, la biodiversidad y el futuro ecológico de Colombia.
“Proteger la Sierra Nevada, sus pueblos ancestrales y su integridad es una responsabilidad colectiva y un compromiso con las generaciones que vienen”, concluyó.
