Ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria fue aprobada en el Senado

La plenaria del Senado le dio vía libre al proyecto de ley estatutaria que busca desarrollar la implementación de la nueva Jurisdicción Agraria que se creó en el país, para resolver los conflictos que se presentan sobre la tierra.

La iniciativa establece los parámetros específicos con los cuales debe comenzar a funcionar esta nueva justicia, añade dos magistrados más en la Corte Suprema que fungirán como jueces agrarios y le da facultades a la Judicatura para crear todo el sistema de funcionamiento de esta nueva dependencia.

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El senador ponente Alexander López explicó que “esta ley estatutaria define primero que vamos a tener una Jurisdicción Agraria y Rural y que estará en la Corte Suprema de Justicia con una sala especial que se llama la Sala Civil Agraria y Rural. La Corte tiene 31 magistrados y habrá dos nuevos magistrados para un total de 33”.

“También orienta al Consejo Superior de la Judicatura para que inicie la creación de la estructura de cuantos jueces se requiere por departamento, cuantos funcionarios en cada departamento y en ese sentido empezar a distribuir las competencias. Vendrá más adelante la ley ordinaria, que tiene que ver con el procedimiento y las garantías de lo que es un proceso para la reclamación de tierras”, explicó.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa dijo que se lograron consensos entre todos los sectores para sacar adelante esta iniciativa que dará solución a los problemas de tenencia de tierras.

“Cuando se logra consensos y verdadera voluntad de trabajo entre los partidos, se tienen vía libre como esta iniciativa de ley estatutaria. Recordemos que el 23% de la población colombiana vive en la ruralidad, estos es 12,2 millones de personas que al igual que el colombiano de los casos urbanos y las grandes ciudades, necesita de un servicio de justicia eficiente y cercano, que le permita dirimir sus problemas legales”, dijo.

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Sin embargo, el congresista llamó la atención por la falta de una actualización catastral y mayor presencia de la Fuerza Pública en las zonas rurales, especialmente las de difícil acceso.