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El exconsejero nacional de seguridad y exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, afirmó en entrevista con La FM que el país enfrenta un escenario de riesgo frente a posibles protestas que podrían derivar en actos violentos. Señaló que, si bien el derecho a la protesta está protegido por la Constitución, “las acciones violentas no hacen parte del derecho de protesta”.
¿Cuál es la diferencia entre protesta pacífica y violencia?
Guarín explicó que la protesta pacífica constituye un derecho ciudadano, mientras que los actos que incluyen daños, ataques o bloqueos constituyen delitos. “El ciudadano que protesta y sale a la calle pacíficamente ejerce un derecho. El individuo que rompe vidrios, hace grafitis, ataca a los policías o quema es un delincuente, no ejerce un derecho”, aseguró.
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De acuerdo con el exfuncionario, existen antecedentes de situaciones que fueron planeadas y organizadas para generar desestabilización. Recordó que en 2018 y 2019 ya se habían registrado acciones violentas en el marco de movilizaciones, lo que llevó incluso a la imposición de medidas excepcionales como el toque de queda en Bogotá. “Estamos en una situación de preámbulo a lo que algunos sectores radicales de izquierda quisieran, volver a generar caos y violencia como en 2021”, afirmó.
Consultado sobre posibles causas externas que puedan motivar manifestaciones, Guarín precisó que la protesta no es un problema en sí misma, pues “fortalece el carácter pluralista de la democracia”. Sin embargo, advirtió que lo grave es el uso de la protesta como fachada para acciones violentas planificadas.
¿Qué papel atribuye Rafael Guarín al Gobierno en las movilizaciones?
El exconsejero señaló que “el hoy presidente Gustavo Petro” estaría utilizando la causa palestina como bandera política para estigmatizar a diferentes sectores sociales y empresariales. Mencionó referencias a la ANDI y a actores de oposición como ejemplos de señalamientos que, en su opinión, reproducen un patrón similar al de movilizaciones anteriores. “Aquí no hay una causa idealista de parte del presidente, lo que se está viendo es la campaña electoral del año que viene”, afirmó.
En ese sentido, indicó que el paro nacional fue decisivo en la estrategia política de la izquierda y que ahora podrían estar repitiéndose esquemas de presión social con el fin de ganar espacio político. “El propósito es generar miedo, someter a los ciudadanos, restringir sus derechos y adueñarse del espacio público”, dijo.
Guarín insistió en que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero que corresponde a las autoridades locales ejercer control. Llamó a los alcaldes a actuar con firmeza: “Ejerzan plenamente la autoridad”. Puso como ejemplo las manifestaciones que afectan a Bogotá cada jueves con bloqueos en la carrera 30 y la avenida El Dorado, así como disturbios en la Universidad Nacional.
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Criticó lo que denominó mitos en torno a la autonomía universitaria que impiden el ingreso de la fuerza pública en situaciones de violencia. “Donde hay delitos tiene que estar la acción del Estado y la presencia de la Policía”, sostuvo. Según él, muchos de los responsables de esos actos ni siquiera son estudiantes y afectan a la comunidad académica.
Finalmente, advirtió que si no se toman medidas rápidas y eficaces, la situación se agravará. “La impunidad y el discurso justificador de la violencia desde la Presidencia, con el disfraz de la protesta social, alientan la continuidad de esas acciones que afectan los derechos de todos los ciudadanos”, concluyó.
