Iván Duque define si firma o no la ley estatutaria de la JEP

La JEP está inmersa en polémica tras el escándalo de corrupción para incidir en el caso de extradición de Santrich, que salpicó a un fiscal.
Presidente Iván Duque
Presidente Iván Duque. Crédito: Cortesía: Presidencia

En medio de la polémica alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz tras el hallazgo deun caso de corrupción descubierto por la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República, Iván Duque, definirá este viernes si firma o no la ley estatutaria de la JEP.

Cuando el Congreso envió la ley estatutaria de la JEP a sanción presidencial el pasado 8 de febrero tras corregir algunos errores de transcripción aparentemente, el mandatario de los colombianos anunció que se tomaría un tiempo para analizar junto con sus asesores cada uno de los componentes que tiene la ley estatutaria y así tomaría una postura de fondo para decidir si la objeta o no.

El partido Centro Democrático, al cual pertenece el mandatario, siempre se ha mostrado desde un comienzo en contra de la creación de la JEP y ha insistido en reformas o ajustes a dicha ley estatutaria. Otro en mostrarse en desacuerdo fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien sugirió al presidente que debía objetarla.

Vea también: Magistrado de la JEP niega relación con el caso de Carlos Bermeo

Sobre la promulgación de la ley estatutaria, la Corte Penal Internacional confirmó su apoyo a la JEP y afirmó que no firmarla sería un revés para los acuerdos de paz.

“Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimasy contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”, señaló en su momento el vicefiscal de la CPI, James Stewart.

Entre tanto, el procurador Fernando Carrillo le pidió al presidente Duque firmar la ley porque de no hacerlo, esto podría según él, significar un riesgo en la seguridad jurídica del acuerdo de paz logrado con la extinta guerrilla de las Farc.


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