La FM en Google News
La imputación hecha por la Jurisdicción Especial de Paz en contra de ocho integrantes del Secretariado de las Farc por haber cometido secuestros durante el conflicto armado, sigue siendo objeto de debate en el país.
Desde la oposición, el senador Iván Cepeda hizo un llamado al uribismo para desistir de la idea de derogar o reformar la JEP, como lo han venido proponiendo en los últimos años, porque según él ya comenzaron a darse los primeros resultados de los procesos abiertos en la justicia transicional por los delitos cometidos durante más de 50 años de violencia.
Le puede interesar: Primer contacto entre Gobiernos de Duque y Biden
La senadora Paloma Valencia, en compañía de otros legisladores del Centro Democrático, ha presentado en varias oportunidades una reforma constitucional para derogar la JEP o para introducir profundas modificaciones a su funcionamiento interno. Sin embargo, la iniciativa no ha tenido éxito.
“Es innegable que la decisión que ha tomado la JEP es histórica y sin precedentes; es la primera vez en el mundo que un tribunal de justicia transicional, pactado en un acuerdo, llega a una determinación de esta naturaleza”, señaló.
Para Cepeda, esta imputación hecha en las últimas horas hace pensar que “llegó el momento de que los críticos de la JEP se retracten de las calumnias e injurias contra ese tribunal”.
“Es el momento para que el Centro Democrático retire todos sus proyectos de ley y reformas constitucionales que buscan eliminar a la Jurisdicción Especial para la Paz y reconozcan que ese tribunal es independiente, riguroso y que está cumpliendo su labor para honrar los derechos de las víctimas”, sostuvo.
Consulte aquí: Algunos exministros de Santos piden pista en partido Conservador para presidenciales
Dijo además que las determinaciones judiciales que se están tomando en la Jurisdicción Especial de Paz, tendrán repercusiones profundas a la hora de honrar los derechos de las víctimas del secuestro en nuestro país.
Sin embargo, congresistas uribistas cuestionaron duramente a la JEP por haber catalogado de “retenciones ilegales” este flagelo que ha dejado en el país más de 20.000 víctimas.
