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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rotundo rechazo a la reciente resolución del Ministerio de Ambiente, argumentando que su construcción es ilegal e inconstitucional, además de generar graves afectaciones para la ciudad. En entrevista con La FM de RCN, el mandatario solicitó que la medida sea retirada y se inicie un nuevo proceso de formulación que respete la autonomía territorial y el marco legal vigente.
"Primero, la resolución, tal como fue construida, viola la ley, la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional y el Acuerdo de Escazú, porque no puede ser simplemente socializada con algunos actores; tiene que construirse en coordinación y respetando la autonomía territorial", afirmó Galán. El alcalde señaló que ni siquiera el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro respalda un procedimiento como el que se utilizó para emitir esta resolución.
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Según el mandatario, su contenido podría generar un impacto sin precedentes en la ciudad, afectando proyectos clave y a miles de habitantes. "Hay 138 barrios de Bogotá, legalizados y habitados por cerca de 600.000 personas, que ahora pasarían a estar en zonas categorizadas como humedales, lo que implica restricciones y trámites adicionales que afectan el derecho a la propiedad", explicó. Además, mencionó que viviendas de interés social en proceso de construcción quedarían en el limbo, generando incertidumbre para las familias que ya han hecho inversiones.
Entre los proyectos estratégicos que podrían verse comprometidos están la Primera y Segunda Línea del Metro de Bogotá, la ampliación de la Calle 13, el Regiotram de Occidente, la Avenida Suba-Cota y hasta el aeropuerto El Dorado. "Estamos hablando de infraestructura crítica para la ciudad, que quedaría en riesgo por una decisión inconsulta y sin el debido sustento técnico", alertó Galán.
Otro punto crítico es el abastecimiento de agua para Bogotá. El alcalde cuestionó que la resolución clasifique como humedales embalses como Chuza, La Regadera y San Rafael, los cuales fueron construidos para garantizar el suministro hídrico de la ciudad. "No queda claro si podremos seguir usando esa agua para abastecimiento. Esto genera un limbo que pone en riesgo la seguridad hídrica de Bogotá", advirtió.
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En materia de energía, Galán denunció que la medida impacta proyectos fundamentales para la ciudad, como las redes de transmisión de Sogamoso y Norte, que presentan un avance del 46% y 60%, respectivamente. "Este gobierno habla mucho de transición energética, pero bloquea proyectos clave que nos permitirán depender menos de energías contaminantes como Termopaipa, una termoeléctrica que contamina tanto como la mitad del parque automotor de la ciudad", indicó.
Ante este panorama, el alcalde solicitó al Gobierno Nacional abrir un espacio de diálogo para construir una regulación adecuada que proteja el agua y el ambiente sin atropellar la ley ni afectar a la ciudadanía. "No descartamos recurrir a instancias como la Procuraduría, la Fiscalía o el Tribunal de Cundinamarca para garantizar los derechos de los bogotanos y la autonomía territorial", concluyó.
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