Exministros, empresarios y economistas envían carta al Congreso pidiendo que no se apruebe reforma al SGP

Propuesta de reforma al SGP enfrenta rechazo por su impacto fiscal a largo plazo.
Plenaria Concejo de Bogotá
Plenaria Concejo de Bogotá Crédito: Concejo de Bogotá

A través de una carta dirigida al Congreso de la República exministros, empresarios y economistas pidiendo que no sea aprobada la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), tal como está, debido a los riesgos que habría en la sostenibilidad fiscal de Colombia para los próximos años.

Con esta iniciativa se busca aumentar las transferencias que hoy en día reciben las regiones del 23,8% al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, en un lapso de 12 años.

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"En el estado actual de su discusión, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del estado de cumplir con sus funciones", señala el documento.

Asimismo, sostiene que en la discusión de este proyecto no se han tenido en cuenta las diferentes advertencias hechas desde el Banco de la República sobre altas probabilidades de tener un impago de la deuda y vigencias futuras en los próximos años.

Alertas hechas por Anif, Fedesarrollo o incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el cual había mencionado que se necesitarían por lo menos tres reformas tributarias para financiar estos incrementos adicionales que tendrían las transferencias.

"Estos pronósticos no pueden pasarse por alto y deben ser sometidos a un serio análisis tanto de parte del Gobierno que tiene la obligación de parar el trámite del proyecto por las consecuencias advertidas, como de los miembros del congreso que voten a favor de los cambios", añade.

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De acuerdo con este documento, con la aprobación de este proyecto de ley, tal como está, se estaría en camino a una "catástrofe" en la administración del estado y a sus finanzas, así como en la responsabilidad disciplinaria por incumplir sus funciones legales.

Este proyecto según lo aprobado en séptimo debate deberá estar vinculado a una Ley de Competencias, que el Ministerio de Hacienda radicará en los próximos seis meses, y que incluye la financiación, como mínimo, de dos años de escolaridad en la educación preescolar y dos años del ciclo educativo de la educación superior.


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