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Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la obligatoriedad de la vacunación contra la fiebre amarilla en menores de edad y su afirmación de que “la patria potestad pertenece al Estado” han generado una fuerte controversia jurídica y política. Uno de los más duros cuestionamientos vino por parte del constitucionalista Óscar Ortiz, promotor de la Séptima Papeleta y actor clave en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991.
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Ortiz calificó de “alarmantes e inconstitucionales” las declaraciones del ministro, y advirtió que podrían abrir la puerta a un modelo de Estado totalitario en el que se desconozca el rol fundamental de la familia.
“Es muy difícil pensar que se trate apenas de un desconocimiento jurídico. Lo que dice el ministro es un agravio enorme a una institución básica de la sociedad, como lo es la familia, protegida por la Constitución”, señaló Ortiz en diálogo con La FM de RCN.
En sus palabras, el experto hizo énfasis en que el concepto de patria potestad no puede interpretarse como una facultad del Estado:
“El solo lenguaje lo indica. Patria potestad hace alusión a la autoridad de los padres sobre los hijos, no al Estado. No puede haber una intromisión del Estado en el fuero íntimo de los hogares con el pretexto de decisiones sanitarias”.
¿Puede el Estado imponer vacunas?
Consultado sobre el equilibrio entre salud pública y derechos individuales, Ortiz reconoció que la Corte Constitucional ha fallado en favor de la protección de los menores, incluso por encima de convicciones personales o religiosas de los padres. Sin embargo, recordó que esas decisiones han buscado siempre la armonización entre derechos, no la imposición:
“El Estado debe invitar, no imponer. A lo bueno se invita, eso no se impone. No se puede suplantar a la familia bajo la excusa de una campaña sanitaria”.
El constitucionalista cuestionó además la idea de involucrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en casos donde los padres se nieguen a vacunar a sus hijos:
“El Bienestar Familiar no puede intervenir para suplantar la patria potestad, salvo cuando esté en riesgo grave la salud del menor. Pero hablar de una intervención generalizada por una decisión como esta, es un despropósito jurídico”.
¿Crisis de salud o distracción política?
Ortiz no descartó que las declaraciones del ministro puedan tener un trasfondo político o distractor frente a otros temas más delicados:
“Es tan grave el error, que uno podría pensar que se trata de una maniobra para desviar la atención de los recientes cuestionamientos por posibles irregularidades en la Superintendencia de Salud”.
El jurista concluyó que la solución debe partir de un enfoque armónico entre el Estado, la sociedad y la familia, sin crear conflictos artificiales:
“La Constitución es clara: la protección de los menores es una responsabilidad compartida, no un campo de batalla entre familia y Estado. La labor del gobierno debe ser pedagógica, no autoritaria”.
