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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz se refirió a las posibles amenazas de muerte contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, las cuales se desprendieron de unas interceptaciones telefónicas que hizo la fiscalía en medio de las investigaciones por el atentado contra el senador Miguel Uribe.
La Defensora del Pueblo rechazó estas posibles amenazas y envió un mensaje de solidaridad para el mandatario de la Capital. "La Defensoría del Pueblo manifiesta toda su solidaridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán ante la información sobre un posible atentado en su contra. Rechazamos cualquier tipo de amenazas o situación que ponga en riesgo su vida e integridad": indicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Dichas conversaciones, las cuales reveló Noticias RCN indicaban que el alcalde Mayor de Bogotá era, al parecer, presunto objetivo para atentar con su vida, lo que a su vez, el mandatario manifestó en un corto video que ya "conocía esa información desde hace varias semanas".
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Según el informe periodístico, estas conversaciones, aparentemente se dieron dos días después del atentado contra la vida del precandidato presidencial, Miguel Uribe al suroccidente de Bogotá. Lo que según la fiscalía, estas conversaciones se les atribuyó a la banda criminal que estaría implicada presuntamente, en el plan criminal contra el hoy aspirante presidencial.
Entre tanto, la Defensoría también expresó su más enorme apoyo como entidad Defensora de los Derechos sobre la situación del alcalde Galán. "El alcalde debe contar con el respaldo institucional que sea necesario para seguir ejerciendo su labor con compromiso y sin presión de ningún tipo", añadió la Defensora.
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Ante esta situación el alcalde Galán expresó, "quiero manifestarle a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas. Me fue presentada por la Fiscalía y por la Policía, porque son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información".
Finalmente, tanto el mandatario local como la propia Defensoría del Pueblo afirmaron que dejan toda su confianza en las autoridades judiciales, quienes serán los encargados de determinar la veracidad de esta información y determinarán qué medidas se tomarán en relación con esta situación.
