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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, en el que se evidencia que, aunque en Colombia no hay escasez de medicamentos, los pacientes enfrentan dificultades para obtenerlos a través del canal institucional. Según Marín, esta situación está generando afectaciones en la salud y un incremento del empobrecimiento de las personas que deben comprarlos por su cuenta.
¿Por qué los colombianos no están recibiendo los medicamentos a tiempo?
La Defensora explicó que el informe fue elaborado durante un año con encuestas en puntos de dispensación y con la participación del Gobierno y la Superintendencia de Salud. “Esta situación está generando un deterioro en la salud, especialmente de las personas que no pueden comprar los medicamentos con sus propios recursos”, señaló. Agregó que el estudio busca ofrecer recomendaciones concretas, tanto coyunturales como estructurales, para mejorar el acceso a los tratamientos.
Entre las principales medidas propuestas, Marín destacó tres: la creación de un listado de medicamentos esenciales para cada territorio, el uso de la red pública hospitalaria para la dispensación y un mecanismo de reembolso a los pacientes que deban acudir al canal comercial. Según explicó, el Gobierno manifestó disposición para evaluar estas propuestas. “El Gobierno dijo que las veía con buenos ojos y eso es positivo”, afirmó.
Marín también advirtió que la polarización política está obstaculizando la toma de decisiones y los consensos sobre cómo resolver la crisis en la entrega de medicamentos. “La polarización en el debate está llevando a que los puntos se extremen y no se pueda llegar a consenso sobre qué hacer”, expresó.
¿Existe acaparamiento o ineficiencia en el sistema de salud?
Ante la pregunta sobre si el informe permite concluir que hay acaparamiento de medicamentos con fines políticos, Marín aclaró que no existen pruebas que sustenten esa afirmación. “El informe no tiene información que permita hacer esa afirmación. Lo que sí podemos decir es que no tenemos un problema de escasez, lo que tenemos es falta de disponibilidad por el canal institucional”, precisó. Según la Defensora, el 20% de las quejas en salud están relacionadas con este tema.
Marín indicó que los pacientes terminan acudiendo a droguerías privadas cuando las EPS no les entregan los medicamentos, lo que refleja una “perversión” del sistema que debe ser corregida. Asimismo, subrayó la existencia de opacidad en la información sobre el flujo y gasto de los recursos, lo cual impide conocer con precisión las causas del problema. “La falta de transparencia puede conllevar prácticas de corrupción”, advirtió.
Consultada sobre quién debe asumir la responsabilidad, Marín fue enfática en señalar que “la responsabilidad principal es del Gobierno Nacional”, aunque reconoció que el problema involucra también al sector privado. La Defensora concluyó que es necesario fortalecer el canal institucional para garantizar la dispensación de medicamentos sin depender del sector comercial.
Durante la presentación del informe, el viceministro de Salud asistió al evento y manifestó que el Gobierno evaluará las recomendaciones, pese a mantener algunas observaciones críticas al documento. Marín reiteró que la Defensoría del Pueblo continuará vigilando el cumplimiento del derecho a la salud y el acceso equitativo a los medicamentos en el país.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
