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La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035 abrió un nuevo frente de discusión en Colombia. En Rounds FM, Jonathan Silva, integrante del movimiento Con mis hijos no te metas, Colombia, defendió la derogación de la medida adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, mientras que la representante a la Cámara Laura Beltrán, conocida como 'Lalis', cuestionó esa posibilidad y advirtió sobre sus efectos en la protección de niños, niñas y adolescentes.
La discusión se concentró en el papel de las familias en la educación sexual, el alcance del documento, el enfoque de interseccionalidad y las diferencias entre una política de salud pública y lo que sus críticos consideran una orientación ideológica.
Política Nacional de Sexualidad 2026-2035: ¿por qué piden derogarla?
Silva sostuvo que el Gobierno nacional se habría excedido en sus competencias al adoptar la política y afirmó que una decisión de esta naturaleza debería pasar por el Congreso de la República, debido a los derechos constitucionales que, a su juicio, entran en tensión.
“Los papás tienen el derecho a elegir qué tipo de educación tienen”, manifestó durante la entrevista. Aunque reconoció que los estudiantes deben recibir educación sexual, defendió que esta se imparta desde una perspectiva científica y biológica, sin lo que calificó como componentes ideológicos.
El integrante de Con mis hijos no te metas, Colombia cuestionó particularmente las referencias a la interseccionalidad, la identidad de género y el aborto. Según su interpretación, la política presenta una visión de la sexualidad que no representa las convicciones de una parte de las familias colombianas.
En su intervención, Silva también aseguró que experiencias internacionales demostrarían resultados negativos de políticas similares. Mencionó a Canadá, Uruguay, Argentina y México, y afirmó que en algunos casos se habrían registrado incrementos del acoso escolar y otros indicadores.
Sin embargo, durante el debate no se detallaron los estudios, las fuentes ni las metodologías que permitirían comprobar esas cifras. Por ello, sus afirmaciones sobre los resultados internacionales no quedaron verificadas en la discusión.
Lalis defiende la educación sexual como un asunto de salud pública
La representante Laura Beltrán rechazó los argumentos de Silva y sostuvo que la posibilidad de derogar la política representa un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Para la congresista del Pacto Histórico, el debate no debería reducirse a una confrontación ideológica, sino centrarse en la prevención de las violencias sexuales, el acceso a información y la protección de los menores de edad.
“Esto no es un debate ideológico, es una emergencia de salud pública”, afirmó al referirse a las cifras que presentó sobre violencia sexual contra menores y maternidad infantil.
Beltrán señaló que en Colombia cada 33 minutos un niño o una niña llega a Medicina Legal por un presunto delito sexual. También indicó que durante 2025 cerca de 3.000 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron un bebé, un dato que utilizó para defender la importancia de fortalecer las herramientas de prevención y atención.
La congresista argumentó que la educación sexual es obligatoria en Colombia desde hace más de tres décadas y advirtió que eliminar la política dejaría a instituciones educativas y hospitales sin una guía intersectorial para abordar estas situaciones.
“Proteger a las niñas es también darles palabras, ruta, ayuda”, expresó.
Durante su réplica, Beltrán cuestionó que se atribuya al documento la intención de promover el aborto o el cambio de sexo. En ese sentido, retó a Silva a identificar los apartados específicos que, según él, respaldarían esas afirmaciones.
Interseccionalidad: el principal punto de choque entre Silva y Lalis
El concepto de interseccionalidad fue uno de los asuntos más controvertidos del debate. Silva sostuvo que este enfoque podría trasladar a las aulas una visión de la sociedad dividida entre personas oprimidas y opresoras, según características como la orientación sexual, la religión o el color de piel.
“Esto se llama lucha de clases en la educación. Es eso y nada menos”, aseguró al explicar sus objeciones a la política.
También cuestionó la manera en que, a su juicio, el documento aborda la identidad de género ante los menores. Sus reparos se centraron en la posibilidad de que los contenidos educativos presenten conceptos sobre el sexo y el género que considera contrarios a una formación basada en la biología.
Beltrán respondió que esa interpretación desvirtúa el propósito del enfoque interseccional. Explicó que este busca reconocer que las personas pueden enfrentar obstáculos distintos dependiendo de sus condiciones sociales, económicas y personales.
Como ejemplo, mencionó a una niña indígena que vive en una zona rural, tiene una discapacidad y ha sido víctima de violencia sexual. Según la congresista, su situación puede implicar barreras diferentes a las que enfrenta una mujer adulta que reside en Bogotá.
“Eso no significa enseñarle a un niño cambio de sexo, no significa transexualidad, no significa eliminar a los padres”, respondió.
La representante agregó que la interseccionalidad no es un concepto creado por el gobierno de Petro y sostuvo que la Corte Constitucional también lo utiliza como herramienta para la protección de los derechos fundamentales.
¿Qué pasará con la política de sexualidad 2026-2035?
El debate en La FM evidenció las diferencias entre quienes consideran que la política debe derogarse por sus enfoques y posibles implicaciones educativas, y quienes defienden su continuidad como instrumento para coordinar acciones de prevención, atención y garantía de derechos.
Mientras Silva insistió en que las decisiones sobre educación sexual deben respetar la libertad de los padres y excluir lo que considera planteamientos ideológicos, Beltrán advirtió que retirar la política podría debilitar la respuesta institucional frente a la violencia sexual y el embarazo infantil.
La controversia también plantea una discusión sobre cómo deben abordarse la sexualidad, el consentimiento y la identidad de género en los espacios educativos, así como el papel de las familias y del Estado en esa formación.
Por ahora, las declaraciones de ambos invitados reflejan posiciones enfrentadas sobre el alcance y la conveniencia de la medida. La discusión exige distinguir entre las interpretaciones políticas de sus contenidos y las disposiciones concretas del documento, además de contrastar con fuentes verificables las cifras y afirmaciones utilizadas durante el debate.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
