La FM en Google News
La FM conoció que en una reunión que se adelantó en las últimas horas, el Consejo Nacional de Política Criminal dio su aval positivo parea la Ley de Sometimiento a la justicia que ya fue aprobada en primer debate en el Congreso de la República.
Esto quiere decir que el mayor órgano rector de la política criminal del Estado, le dio vía libre para acabar de manera definitiva la política de paz total implementada por la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
La mayoría de los integrantes de este órgano consultivo del Estado, del cual hacen parte delegados del Gobierno, las altas cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Fuerza Pública y el Congreso de la República, le dijeron sí a esta propuesta que busca entregar herramientas para garantizar la desarticulación de las estructuras criminales que operan en el país.
Fuentes confirmaron a la La Fm que la votación fue 14 contra 1, es decir, fue prácticamente unánime y el único voto negativo fue de los delegados del Pacto Histórico que hacen parte de este órgano consultivo del Gobierno.
Esto quiere decir que importantes entidades rectoras de la política criminal del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Interior y de Justicia, el Congreso, entre otras, le dieron un sí rotundo a este proyecto.
Beneficios judiciales
Durante la aprobación del proyecto en primer debate en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, hubo algunos ajustes en los beneficios para quienes se sometan a la justicia.
Entre los beneficios se encuentran rebaja de penas de hasta el 30% para cabecillas y del 50% para los delincuentes rasos, pero se incluyó una modificación que establece que quienes hayan sido responsables de reclutamientos de menores de 14 años, no podrán acceder a estas prerrogativas.
Testaferros y lavado de activos
El el proyecto inicial se planteaba que los testaferros, o llamados terceros, de las organizaciones criminales pagarían un año de prisión si se sometían a la justicia, bajo la condición de entregar todos los bienes que estén en su poder; pero de acuerdo con lo aprobado en las Comisiones Primeras conjuntas, dicha pena ahora sería de tres años.
