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En la mañana de este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes electorales al superarlos por $5.300 millones de pesos. La sala votó 6-3, por lo que se resolvió sancionar a los coordinadores de la campaña; la auditora María Lucy Soto, Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, y la tesorera Lucy Aidee Mogollón.
Línea de tiempo: así avanzó el proceso del CNE contra la campaña de Petro desde 2022
La campaña presidencial de Gustavo Petro llevaba más de tres años en discusión por parte del Consejo Nacional Electoral. Desde 2022, cuando el mandatario ganó las elecciones, el CNE había estado estudiando si existieron irregularidades en la financiación del movimiento “Petro Presidente”, en especial, si hubo posibles violaciones de topes.
2022: los primeros señalamientos a la campaña presidencial
Tras la victoria de Petro en 2022, el CNE comenzó a recibir reportes sobre posibles irregularidades en los gastos de la campaña. En ese momento, los magistrados detectaron inconsistencias como aportes de sindicatos no reportados, gastos de operación sin justificación, algunos pagos de publicidad, entre otros movimientos que llamaron la atención.
De acuerdo con la revisión preliminar, la campaña podría haber superado los topes establecidos por la ley en ambas vueltas. Para ese momento, los investigadores estimaron una posible cifra superior a los 3.500 millones de pesos.
Octubre de 2024: CNE formula cargos de manera formal
Aunque las indagaciones comenzaron en 2022, fue hasta el 8 de octubre de 2024 que la Sala Plena del CNE tomó la decisión de formular cargos contra la campaña ‘Petro Presidente’. En ese pliego estaban como presuntos responsables el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Aydeé Mogollón; la auditora financiera y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El presidente Petro también fue incluido en la investigación, aunque no se le dio el mismo trato por su condición de jefe de Estado, y esa formulación de cargos abrió oficialmente el proceso sancionatorio.
Agosto de 2024: Consejo de Estado confirma competencia del CNE
Una parte importante para que la investigación siguiera adelante ocurrió en agosto de 2024, cuando el Consejo de Estado emitió un concepto que ratificó que el CNE sí tenía facultades para investigar acciones administrativas sobre campañas presidenciales, incluso si el candidato es presidente en ejercicio.
Febrero de 2025: se reactiva el expediente
El 12 de febrero de 2025, el CNE negó una solicitud de la defensa para suspender el proceso. Con esto, la investigación siguió su curso. La Sala Plena dio a conocer un cronograma para la práctica de pruebas: tres meses prorrogables, y luego un periodo para alegatos.
Para ese momento, el caso ya tenía adjuntas varias declaraciones, documentos bancarios, reportes financieros y análisis contables que indicaban un patrón de gastos no reportados o reportados de forma incompleta.
Abril de 2025: la Corte Constitucional suspende el proceso solo en lo que involucraba a Petro
El 24 de abril de 2025, la Corte Constitucional decidió suspender el proceso únicamente en lo respectivo a Gustavo Petro. La Corte argumentó que, por fuero constitucional, el mandatario no puede ser investigado ni sancionado por una autoridad administrativa como el CNE. Cualquier responsabilidad debía estudiarse en la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Sin embargo, la Corte aclaró que esta protección no aplicaba para los demás implicados, como Roa, la tesorera, la auditora y los partidos políticos.
Julio de 2025: se da el debate por la caducidad
Hacia finales de julio de 2025, el partido Colombia Humana le solicitó al CNE declarar la caducidad del proceso. Argumentaron que las sanciones administrativas solo podían imponerse dentro de los tres años siguientes a la acción investigada. Según ellos, para la primera vuelta del 29 de mayo de 2022, el plazo vencía el 29 de julio de 2025, y para la segunda vuelta, el 19 de agosto de 2025.
Agosto de 2025: la ponencia del CNE concluye que sí hubo violación de topes
A finales de agosto de 2025, la investigación entregó un resultado contundente, concluyendo que en la campaña de Petro sí hubo violación de topes de gastos en ambas vueltas presidenciales. La cifra superó los 3.500 millones de pesos.
En la ponencia se propusieron sanciones como multas para los responsables y amonestaciones a los partidos políticos. Sin embargo, ante la falta de consenso dentro del CNE, la decisión final no fue tomada por los magistrados titulares, sino enviada a conjueces, abogados externos elegidos por sorteo.
Noviembre 27 de 2025: el CNE ratifica la violación de topes
El CNE ratificó la violación de topes, sancionando a Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol; a la auditora María Lucy Soto y a la tesorera Lucy Aidee Mogollón.
