Alcaldes prenden las alarmas por recorte de recursos para educación, salud y programas sociales

Según la Federación de Municipios, habrá un recorte de casi el 50% al Sistema General de Participaciones.
Gilberto Toro, director de la Federación de Municipios
Gilberto Toro, director de la Federación de Municipios. Crédito: Colprensa

Un llamado de alerta hicieron los alcaldes del país tras conocerse la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una decisión del Gobierno Nacional que, según la Federación Colombiana de Municipios, amenaza directamente la prestación de servicios básicos para millones de ciudadanos.

De acuerdo con la Federación, el SGP es la principal fuente de financiación de los municipios para garantizar derechos esenciales como la educación pública, la atención en salud, el funcionamiento de hospitales, los programas de alimentación escolar, el transporte estudiantil, el acceso al agua potable y la atención a poblaciones vulnerables.

“Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente”, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.

Por su parte, Julián Sánchez Acosta, alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios, advirtió que “en la última doceava del año 2025 los recursos del SGP se redujeron en un 48,8 % frente a 2024, pasando de 2,1 billones de pesos a 1,09 billones, lo que constituye un importante golpe fiscal a las finanzas municipales y compromete la garantía de los derechos de millones de ciudadanos”.

Recalcó que la disminución de estos recursos obligaría a los entes territoriales a recortar servicios fundamentales, especialmente en los municipios con menor capacidad fiscal.

Un golpe directo a las finanzas locales

El impacto del recorte se refleja en la última transferencia del Sistema General de Participaciones (SGP), que pasó de 2,1 billones de pesos en el mismo periodo de 2024 a 1,09 billones en 2025, es decir, casi la mitad del presupuesto con el que venían operando los municipios.

“Para las administraciones locales, esta reducción representa un duro golpe a la estabilidad financiera y a su capacidad de respuesta frente a las necesidades de la población”, apuntó.

Toro Giralda advirtió que los alcaldes se verán forzados a recortar programas sociales claves para el bienestar de la ciudadanía.

La Federación fue enfática en señalar que los municipios no cuentan con fuentes alternativas de financiación para compensar un recorte de esta magnitud, por lo que cualquier disminución en los giros nacionales termina trasladándose directamente a la ciudadanía, con mayor impacto en los sectores más vulnerables.

“Los municipios no cuentan con fuentes alternativas para reemplazar estos recursos por lo que los alcaldes no pueden compensar un recorte de esta magnitud. Por lo que, si la nación gira menos dineros, los municipios se verían obligados a recortar servicios que afectan directamente a la ciudadanía, especialmente a la población más vulnerable”, explicó.

Llamado urgente al Gobierno

Ante este escenario, la Federación Colombiana de Municipios expresó su profunda preocupación por el recorte proyectado a las transferencias del SGP para la vigencia 2026 e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revise y rectifique la decisión.

“Por lo anterior, la Federación Colombiana de Municipios expresa su profunda preocupación por el grave recorte a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) que deben ser apropiadas por los municipios para la vigencia 2026”, indicó.

El gremio de los alcaldes insiste en que garantizar recursos suficientes para el SGP es clave para que los municipios cumplan su función constitucional y puedan seguir atendiendo las necesidades básicas de la población en todo el territorio nacional.

“Ante este panorama, se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revise y rectifique esta decisión, y garantice los recursos suficientes para que los municipios puedan seguir cumpliendo su función constitucional y atender las necesidades básicas de la población”, finalizó.


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