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La Fiscalía General de la Nación descubrió lo que sería una completa empresa criminal encargada de la compra de votos en las elecciones del país. El ente investigador detectó que la campaña de la senadora Aída Merlano, actual representante a la Cámara, habría entregado más de $6.000 millones que, de acuerdo a varias indagaciones, fueron destinados a la compra de votos.
Según la Fiscalía General de la Nación, esa campaña el pasado domingo durante los comicios legislativos pagó $40.000 por cada voto y más de $5.000 de subsidio de transporte.
(Lea: Fiscalía: campaña de Aída Merlano habría pagado $40.000 por cada voto)
Con la premisa de que “el voto es sagrado y no una mercancía”, la Fiscalía envió todas las pruebas a la Corte Suprema de Justicia para que se establezca la responsabilidad de Merlano en este presunto delito.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación preliminar por el hallazgo en la sede de campaña de la hoy senadora electa por la supuesta compra de votos.
(Lea: Procuraduría abrió indagación por irregularidades en sede de campaña de Aída Merlano)
Lo que casi pasa inadvertido es que con las medidas tomadas por la justicia contra la congresista, ya se estaría hablando de que ella sería la primera silla vacía del nuevo Congreso de la República.
Con apenas tres días de haber sido elegido el nuevo legislativo, Aída Merlano será procesada por delitos que tienen relación directa con hechos de corrupción, lo cual llevaría al Partido Conservador a perder esa curul.
La reforma de Equilibrio de Poderes que se aprobó en 2015 no sólo eliminó la reelección presidencial, también estableció un castigo para los partidos políticos que incluyan en sus listas a responsables de delitos contra la administración pública.
La referencia que en el pasado se empleaba de “voten mientras estén libres” no aplica desde ese acto legislativo para los casos la corrupción. De hecho, los recientes casos de sillas vacías por hechos relacionados con delitos contra el erario dan cuenta de castigos al Partido de La U. Los senadores Bernardo Miguel Elías Vidal, relacionado con Odebrecht; y Musa Besaile Fayad, inmerso en el Cartel de la Toga, no fueron remplazados tras ser detenidos por orden de la Corte.
Antes de dicha reforma, por ejemplo, los concejales de Bogotá que terminaron salpicados en el Cartel de Contratación fueron remplazados por los partidos a los cuales pertenecían.
Cualquier medida judicial contra Aída Merlano cambiaría lógicamente la conformación de las mayorías en el legislativo. Ya no serían 107 los senadores (102 actuales y cinco del partido de las Farc) sino 106. Y tampoco serían 15 senadores conservadores sino 14.
