La FM en Google News
Si el presidente Gustavo Petro sube el tono en sus críticas a la Rama Judicial, las cortes responden con lo que califican como una defensa serena de la Constitución. El Consejo de Estado respondió a la confrontación que el mandatario desató luego de la suspensión provisional del decreto que ordenaba mover veinticinco billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.
El jefe de Estado pidió “demandar” al magistrado ponente del auto que frenó el traslado de veinticinco billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, y dijo que el Consejo de Estado “no tiene ninguna legitimidad” para tomar una decisión así.
A través de su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, Petro aseguró sin pruebas que el Consejo actuó “a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general”, y llamó “sentencia” al auto que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que reglamenta la ahora fallida transferencia billonaria.
La respuesta a los mensajes de Petro vía X
El jefe de Estado, entre algunas imprecisiones —como tachar de “sentencia” a un auto, que es una decisión de trámite que toma un ponente y no un fallo de fondo, o pedir “demandar” por un delito, que en realidad se denuncia—, acusó de “prevaricato” al consejero Juan Enrique Bedoya, que analiza cinco demandas contra el traslado.
La corporación a la que pertenece Bedoya remarcó el “tono incendiario” de Petro, precisando que “no amerita no justifica una respuesta en igual sentido”. “Inquietan las manifestaciones del presidente de la República”, continúa el comunicado, que reprocha “la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales”.
“A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, zanja el pronunciamiento. El Consejo de Estado reconoció que “cuando los poderes se controlan, incomoda”, pero ratificó que el uso de sus facultades de suspensión “no es un obstáculo para la democracia”, sino “una de sus principales garantías”. “La lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar”, apunta.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por las altas cortes—la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado—, la Fiscalía y representantes de empleados judiciales, se opuso en la víspera a la postura del presidente. Con un comunicado conjunto, los tribunales, el ente acusador y los funcionarios insistieron en que debe respetarse la separación de poderes.
Las cortes cierran filas por la separación de poderes
“Fue justo nuestro poder constituyente”, una figura que el presidente Petro utiliza para referirse al pueblo, invitar a marchas y oponerse a otras ramas del poder, “el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes”, afirmó el texto.
La Constitución, además, contempla la facultad de suspender actos administrativos, como resoluciones o decretos del Ejecutivo, lo que parte de los “controles efectivos al ejercicio del poder público”. “La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución”, concluye.
Para detener el traslado de la plata, el Consejo de Estado encontró que todavía no existe el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, una cuenta especial que el Banco de la República debe gestionar para respaldar las cotizaciones. La Ley 2381, suspendida por la Corte Constitucional, detalla su funcionamiento.
El Decreto 415 establecía que toda la plata de los privados debía caer en Colpensiones, pese a que la reforma pensional que el propio Gobierno impulsó decía que los recursos eran responsabilidad del Fondo. Juan Enrique Bedoya, el consejero ponente, sostuvo que el Gobierno excedió sus facultades.
“Independientemente de la suspensión” de la mayoría de la reforma pensional en la Corte Constitucional, “lo cierto es que el diseño legal preveía que los recursos provenientes de las cuentas de ahorro individual fueran destinados al fondo especial creado para tal efecto, y no a Colpensiones”, como se dispuso vía decreto.
El 28 de abril el Consejo de Estado suspendió, como medida cautelar, el traslado de veinte billones, la mayoría de lo que el Ejecutivo preveía. El ponente optó por un trámite de “urgencia” y, aunque al admitir la primera de las demandas contra el decreto no se pronunció sobre la cautela, en dos decisiones posteriores sí lo hizo.
El Consejo de Estado defiende la suspensión del decreto sobre pensiones
“La medida adoptada en el decreto, esto es, el traslado masivo de recursos del sistema pensional, refuerza la necesidad de una intervención judicial inmediata”, señaló el auto de entonces, de veintiún páginas. Los efectos del Decreto 415 podrían ser irreversibles “de cara al derecho de la seguridad social en pensiones”.
El acto administrativo hace parte de la reglamentación de la reforma pensional, que la Corte Constitucional suspendió antes de un estanque de recursos y discusiones internas, como un cambio de ponente. Un auto de trámite impide su entrada plena en vigor, pero el Ministerio del Trabajo intenta reglamentar varios apartes.
Las administradoras de los fondos privados (AFP) tenían veinte días desde el 20 de abril para mover la mitad de los veinticinco billones que la cartera de Antonio Sanguino determinó, y diez días más para la otra mitad. El Gobierno se basa en un enredo legal que el magistrado Bedoya descarta que se trate de un vacío.
El tribunal más poderoso de Colombia impide la implementación de la Ley 2381, pero mantiene activos dos artículos que regulan la ventana pensional, la facultad de trasladarse entre regímenes —entre 2024 y 2026— para las personas a quienes les falten menos de diez años para pensionarse, y el mecanismo de transición.
A partir de dos artículos entre los 95 en el limbo, el Gobierno construyó toda una logística para poco más de 22,4 mil personas jubiladas trasladadas a Colpensiones cuyos ahorros son administrados por las AFP. Sin la transferencia de los veinticinco billones, la administradora estatal asume el pasivo pensional sin los activos.
Y también labró la ruta para otros 97,16 mil afiliados que se han cambiado a Colpensiones pero que aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Esa fue la primera extralimitación que identificó el Consejo: la reforma solo permitía mover la plata de quienes consolidaron su jubilación, no de quienes aún ahorran.
Más voces alertan por los ataques a la justicia
Colpensiones, dice la reforma —como cita el magistrado Bedoya en el auto de este lunes—, debía certificar al Fondo Especial la consolidación de la pensión para que se ratifique el traslado de los fondos. Si el Fondo no existe, el Ejecutivo no podía disponer que el dinero era para la aseguradora gubernamental, Colpensiones.
El procurador general, Gregorio Eljach, respaldó a la Rama Judicial. El Ministerio Público, a través de un comunicado, exigió “respeto incondicional por la independencia de los poderes”. “Toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales, sin perjuicio de recursos” como la súplica.
La Rama ha sostenido varios enfrentamientos con el gobierno de Gustavo Petro. En febrero, cuando el presidente convocó a marchar por la suspensión provisional del salario mínimo de 2026, la Comisión Interinstitucional llamó a respetar las decisiones judiciales y a acudir a canales ordinarios cuando existan discrepancias.
El documento reiteró que las sentencias y los autos —como el que pausó el incremento salarial o el que brequeó el traslado de recursos para Colpensiones— “son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial”.
Iván Lenis, pendiente de la Corte Suprema de Justicia, se refirió este martes, 12 de mayo, a la disputa del Gobierno con el Consejo de Estado, y rechazó los ataques al contencioso administrativo. “No es normal que se agreda a una rama del poder, o a la justicia, o se atropelle, porque no se esté a favor de una decisión”, dijo.
El magistrado participó en un foro sobre independencia de poderes. “Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria, sin que haya siquiera una prueba, se va minando la confianza y no pueden ejercer su papel como deberían” señaló por su parte la magistrada Natalia Ángel, vicepresidenta de la Corte Constitucional.
Para el togado Lenis, la justicia ha “reafirmado en los últimos años” que está fortalecida, pero los choques “debilitan el diálogo que debe existir”. La libertad de expresión, añadió el Consejo, “no puede ser invocada para edificar mensajes” que ponen en peligro la integridad institucional y “amenazan la integridad física de las personas”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el traslado de $25 billones a Colpensiones?
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026 porque concluyó que el Gobierno ordenó trasladar recursos pensionales a Colpensiones sin que existiera todavía el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, previsto en la reforma pensional para administrar ese dinero. Según el magistrado Juan Enrique Bedoya, el Ejecutivo modificó por decreto el destino que la propia ley había fijado para esos recursos.
La corporación también consideró que el traslado masivo de fondos podría producir efectos irreversibles sobre el sistema pensional. El auto sostiene que la reforma solo permitía mover el dinero de personas que ya consolidaron su jubilación, no de afiliados que siguen cotizando en las AFP.
¿Qué respondió el presidente Gustavo Petro a la decisión judicial?
El presidente Gustavo Petro reaccionó con críticas contra el Consejo de Estado y el magistrado ponente del caso. Desde su cuenta de X, aseguró sin pruebas que el tribunal actuó “a favor de los banqueros”, y pidió “demandar” al consejero Juan Enrique Bedoya por supuesto prevaricato.
También cuestionó la legitimidad del Consejo de Estado para suspender el decreto y calificó al auto como una “sentencia”, aunque se trata de una medida cautelar provisional. Las declaraciones elevaron el choque entre el Gobierno y la Rama Judicial alrededor de la reforma pensional.
¿Cómo respondieron las cortes a los señalamientos de Petro
El Consejo de Estado habló de un “tono incendiario” por parte del presidente y advirtió sobre la “desinformación y descontextualización” de las decisiones judiciales. La corporación defendió la suspensión del decreto como un mecanismo constitucional de control al poder público, y sostuvo que los controles son una garantía democrática, no un obstáculo institucional.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Procuraduría también respaldaron la independencia judicial. Varias voces alertaron que los ataques contra las cortes pueden deteriorar la confianza en las instituciones y afectar el equilibrio entre poderes.
¿Qué consecuencias tiene la suspensión del decreto para la reforma pensional?
La decisión del Consejo de Estado afecta una parte central de la implementación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro. Sin el traslado de los $25 billones desde los fondos privados, Colpensiones debe asumir obligaciones pensionales sin los rendimientos que los ahorros generan en las AFP y que el Gobierno preveía mover.
La suspensión también impacta a miles de afiliados trasladados o en proceso de traslado hacia Colpensiones bajo las reglas de transición y ventana pensional. Mientras la Corte Constitucional mantiene congelada la mayor parte de la reforma, el Gobierno sigue intentando reglamentar algunos apartes mediante decretos y resoluciones.
