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De acuerdo con el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, se encontraban más de 1000 miembros de la Fuerza Pública en el sector al momento de los hechos; esto conllevó a que hoy existan más de 60 investigaciones abiertas contra militares y policías.
"Lo que queda claro es que había más de 1000 personas de la Fuerza Pública el día del ataque donde murieron siete campesinos en Tumaco. 498 soldados, más de 250 políticas, 75 miembros del Esmad, más de 200 erradicadores y existen investigaciones penales y disciplinarias en curso miembros de la Fuerza Pública suspendidos. Hay más de 60 investigados", afirmó Alirio Uribe.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, indicó que desde que ocurrieron los hechos en zona rural de Tumaco, la Fuerza Pública ha colaborado con la Fiscalía y la Procuraduría en las investigaciones aportando las pruebas necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido.
"Entregamos 160 armas a la Fiscalía General de la Nación, 50 entregó el Ejército Nacional ese mismo día. Hemos aportado total apoyo, 10 entrevistas que se han hecho, 114 fotografías, 54 videos aportados por las personas en el lugar de los hechos y 6 videos suministrados por medios de comunicación", aseguró.
ONU y Defensoría culpan al Gobierno por incumplimiento de programas de sustitución
Se desató también el debate por la existencia de una gran cantidad de cultivos ilícitos en territorio colombiano. La ONU y la Defensoría del Pueblo culparon al Gobierno por no cumplir con los acuerdos de paz y los programas de sustitución para campesinos.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, fue contundente en decir que el Gobierno y las Farc acordaron de espalda a la sociedad en La Habana frente al punto de cultivos ilícitos, "nosotros le hemos hecho un llamado al Gobierno y a las Farc porque en La Habana firmaron a espaldas de la sociedad. Cuando digo sociedad es que nunca fueron a Tumaco, Balboa, Argelia, Tibú, El Tarra. Nunca les dijimos como iban a erradicar".
A su turno, el representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández, indicó que existe una necesidad de una mayor articulación entre las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y sustitución que impulsa el Gobierno Nacional.
"Naciones Unidas se ha pronunciado públicamente desde la perspectiva comparada. No es que campesinos e indígenas estén en contra de las políticas del Gobierno, sino al contrario lo que quieren es que se apliquen las políticas del Gobierno", indicó que funcionario de Naciones Unidas.
En el mismo debate surgieron diferentes propuestas para minimizar la situación que se vive en Tumaco con los cultivadores de hoja de coca, como la que presentó el senador Iván Cepeda, quien propuso que el Estado debería comprar la producción de la hoja a los campesinos como parte de una solución a la situación de los cultivos ilícitos.
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