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María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, señaló que la reforma pensional que será sancionada hoy por el presidente Gustavo Petro, representa un desafío de sostenibilidad para el sistema de seguridad social.
Lacouture recordó que a partir de julio de 2025, todos los trabajadores formales que ganen hasta 2.3 salarios mínimos estarán obligados a cotizar a Colpensiones. Por otro lado, aquellos que devenguen más tendrán la opción de cotizar en un fondo privado.
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La directiva sostuvo que ese cambio genera una presión financiera significativa sobre el sistema pensional a mediano y largo plazo. “La viabilidad del sistema dependerá del incremento en el número de personas que contribuyan a la seguridad social en un país con una tasa de informalidad del 55.6%”, afirmó.
Lacouture señaló que esa situación obliga a revisar y generar consenso en torno a la reforma laboral que se presentará a segundo debate. El objetivo es crear estímulos, y no limitaciones, al desarrollo empresarial, fomentando así la generación de empleo formal.
Finalmente, la presidenta de la Cámara Colombo Americana enfatizó que es crucial validar la capacidad de Colpensiones para gestionar el volumen de información que recibirá con la entrada en vigencia de la Ley y asegurar la coordinación con los fondos privados de pensiones. “Esto garantizará el reconocimiento y pago oportuno de las pensiones para quienes adquieran ese derecho bajo la nueva legislación”, concluyó.
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Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro firma este 16 de julio la reforma pensional que ha recibido el visto bueno del Congreso. Sin embargo, la oposición demandará la reforma ante la Corte Constitucional, argumentando que durante su proceso en el legislativo se cometieron numerosos errores.
El senador Miguel Uribe sostuvo que la reforma pensional “no es conveniente y claramente viola la constitución. Disminuye los derechos y perjudica a los colombianos”.
Cambio Radical también respaldará la demanda contra la nueva ley. Sus argumentos no solo se basan en los errores cometidos durante su trámite en el Congreso, además de que la Ley no resuelve los problemas actuales del sistema pensional.
