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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó enérgicamente al Gobierno Nacional, tras la demanda presentada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, relacionada con la ampliación de la Avenida Boyacá.
Galán sostuvo que el Gobierno busca obstaculizar esta obra vital para la movilidad de la ciudad y que está interfiriendo en asuntos que corresponden exclusivamente a Bogotá. "Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá, que ya definió", afirmó.
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El funcionario agregó que "este proyecto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para hacer respetar la autonomía de Bogotá”, manifestó.
La controversia surge en un contexto donde el Consejo de Estado admitió la demanda del Ministerio de Ambiente contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que se relaciona con la licencia ambiental otorgada para la ampliación de la Avenida Boyacá.
Según el ministerio, la CAR no respondió a un recurso de reposición presentado en abril de 2024, lo que se interpretó como un "silencio administrativo negativo". Este silencio administrativo está en el centro del recurso legal que busca la nulidad de la licencia ambiental.
El Ministerio de Ambiente argumentó que la falta de respuesta de la CAR representa una violación a sus obligaciones, lo que llevó a esa entidad a llevar el caso al Consejo de Estado. En el recurso, además de buscar la nulidad de la licencia ambiental, se solicitó que Fiduciaria Bogotá S.A., titular de la licencia, participe en el proceso como “tercero con interés”.
El Consejo de Estado ordenó la notificación a todas las partes involucradas y ha establecido un plazo de 30 días para que los demandados y el tercero interesado presenten sus respuestas y pruebas. Asimismo, se requirió a la CAR que envíe el expediente administrativo correspondiente para una revisión más detallada del caso.
A pesar de las acciones legales, el Consejo de Estado rechazó la solicitud del Ministerio de Ambiente para imponer medidas cautelares de suspensión, argumentando que no se ha demostrado una urgencia suficiente para detener el proceso. Esto significa que la CAR puede continuar con la ampliación de la Avenida Boyacá mientras el tribunal evalúa el fondo del caso.
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La decisión del Consejo de Estado representa un nuevo capítulo en la disputa sobre la licencia ambiental, en un momento en que la intersección entre desarrollo urbano y protección ambiental se vuelve cada vez más relevante en la agenda pública de Bogotá.
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