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La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos contra el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla por el presunto direccionamiento de contratos de la entidad en el departamento de Córdoba.
Se trata de 5 órdenes de proveeduría para el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas y las interventorías para atender emergencias en municipios de Córdoba por 8.671 millones de pesos.
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Por tanto, Sneyder Pinilla fue presentado nuevamente ante una juez de garantías y fue imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, quien no aceptó los cargos.
Según la investigación que adelanta la Fiscalía por este caso, que tomó trascendencia desde 2024 cuando Sneyder Pinilla salió a la luz pública por el mega escándalo del desfalco de las Ungrd, la Fiscalía encontró que, entre agosto y diciembre de 2023, Sneyder junto a otros dos funcionarios también de la subdirección que él tuvo a su cargo, direccionaron 5 órdenes de proveeduría para el suministro de horas de volquetas y maquinaria amarilla, al mismo tiempo con sus interventorías.
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Tales contratos tenían como objetivo mitigar algunas emergencias que se habían presentado en Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas en este departamento de la costa Caribe. El total de estos negocios jurídicos habrían alcanzado los 8.671 millones de pesos, recursos que no fueron desembolsados a los contratistas.
Recordemos que, a principios del año 2024, cuando varios medios iniciaron presión periodística sobre estos hechos que iban saliendo a la luz pública, llevó a que Pinilla renunciara a su cargo y posterior a eso confesó ante la justicia que, efectivamente había entregado ilegalmente dinero público a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle para que estos favorecieran al Gobierno.
Tras estos hechos, un juez lo encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado y se convirtió en el primera persona que la justicia condenó por estos hechos en un entramado que también fue salpicado a más perdonas y funcionarios públicos en el desarrollo del caso.
