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La Fiscalía General de la Nación reveló que logró pactar un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, con el cual servirá como testigo clave contra otros implicados en el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.
Así lo confirmó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien indicó que el alcance de esta negociación y de la inmunidad judicial que se le otorgará será definido una vez se lleve a cabo la formulación de imputación de cargos en su contra.
“En este momento nosotros lo que vamos a avanzar frente a este suceso es la erradicación de la audiencia de formulación de imputación, porque con la señora Benavides pactamos y consolidamos un principio de oportunidad. Una vez se realice la formulación de imputación, trabajaremos en la consolidación, en la legalización de ese principio de oportunidad para seguir avanzando”, confirmó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.
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De igual forma, sostuvo que se mantienen las medidas de protección otorgadas a María Alejandra Benavides debido a las amenazas que ha recibido en contra de su integridad.
Por disposición del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao se programó para el próximo 8 de mayo a las 9 de la mañana la audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos a María Alejandra Benavides al existir méritos suficientes y elementos de prueba para sindicarla de cometer el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Según las investigaciones lideradas por parte de la fiscal delegada María Cristina Patiño, la exfuncionaria presuntamente fue pieza clave en todo este entramado de corrupción al servir de enlace entre la cartera del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo en el supuesto direccionamiento de tres contratos por 92.000 millones de pesos que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.
En los expedientes judiciales relacionados con las acusaciones contra otros de los implicados la Fiscalía aseguró que: “Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, indica el escrito de acusación.
En declaración bajo juramento ante la Fiscalía, Benavides hizo mención a un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para buscar destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación y así comprar a senadores y representantes a la Cámara.
En esa oportunidad Benavides se mostró conmocionada por haber resultado salpicada en el escándalo de corrupción de la UNGRD y aseguró que se sintió usada por el ministro Bonilla y que fue presionada en reiteradas ocasiones para autorizar un millonario desembolso a la UNGRD.
Millonarios recursos que en teoría iban a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
“Él me usó y usó el hecho de ser el Ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, sostuvo Benavides ante una fiscal.
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Según señala el primero de estos contratos era para Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo para El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos y el tercero para Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
