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El 4 de abril de 2025 al mensajero José Luis Trejo Montilla le llegó una transferencia de $12.000 a través de la famosa plataforma Nequi. Le debían un domicilio que entregó un día antes. Hubiese sido un envío rutinario de dinero si no fuese por los líos que tuvo que enfrentar después.
Más de tres meses después, el 25 de julio, Trejo tuvo que darle una declaración a la Fiscalía General de la Nación. El envío que entregó el 3 de abril en una bolsa sellada, y del que no conocía el contenido, tenía unas frambuesas envenenadas con talio. Dos menores murieron por ellas.
La transferencia que Trejo recibió es clave. Gabriel Enrique Ayala envió los $12.000 aquel viernes, pero no fue él quien solicitó el domicilio. El primero de agosto también le entregó su declaración a la Fiscalía. Tanto el mensajero como Ayala se vieron involucrados en un mortal crimen.
Gabriel Enrique Ayala tiene un almacén veterinario en la localidad de Chapinero, en Bogotá. La empresaria Zulma Guzmán Castro llevaba a sus dos mascotas allí. De hecho, lo hizo el 4 de abril. Y parece que, luego del procedimiento, Ayala le quedó debiendo $12.000.
Frente a la Fiscalía, Ayala revisó sus archivos y constató que "es probable que la transferencia de $12.000 haya sido realizada por solicitud" de Guzmán como cambio o vueltos del dinero de la atención de las mascotas. La plata llegó al Nequi de José Luis Trejo.
Así quedó consignado en la solicitud formal de extradición de Zulma Guzmán, que firmó la fiscal 100 delegada ante jueces especializados del circuito de Bogotá, Elsa Cristina Reyes, quien investiga a la exparticipante de Shark Tank por el homicidio de dos niñas intoxicadas con talio.
Gabriel Enrique Ayala niega haber pedido un servicio de mensajería, pero de alguna manera parte de su dinero apareció en la cuenta de un mensajero. Para la Fiscalía, ese es un indicio más de cómo Guzmán habría maquinado el asesinato de las menores.
El domicilio fallido y las identidades que no cuadran
Otro rastro. Según Ayala, "en días posteriores" en su almacén se apareció "un hombre que dijo ir por encargo de Zulma Guzmán Castro" para recoger los documentos que certificaran la atención médica de los animales, pues la mujer se disponía a viajar a Argentina.
El 3 de abril una mujer que se identificó como Zenaida Pava, pero que proporcionó un correo que la llama María Capos, pidió un domicilio en la empresa Rapigó y después lo canceló. Luego, con otro número pero con el mismo correo, solicitó otro envío, en la compañía Mensajeros Urbanos.
Mensajeros Urbanos le asignó la tarea a José Luis Trejo. Inicialmente, en el apartamento del oriente de Bogotá a donde se dirigían las frambuesas, la familia rechazó el paquete. Una mujer le dio instrucciones a Trejo de intentar de nuevo, asegurando que era un regalo.
La entrega fallida ocurrió a las 6:31 de la tarde, según el chat de soporte en el que Trejo debía comunicarse. A las 8:20 de la noche, el hombre confirmó la entrega exitosa. El atadijo había salido de un edificio de oficinas cerca del Parque de la 93 en Bogotá.
En el edificio había una tienda esotérica que atiende Jeisson Haver Rosas, quien le dio una entrevista a la Fiscalía. Atendió a Zulma Guzmán varias veces por líos amorosos, y aparecía como el remitente del envío cancelado de Rapigó. El ente acusador sigue investigando.
Zulma Guzmán deberá comparecer el 9 de febrero en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Reino Unido. La empresaria acudirá ante el despacho que adelanta el trámite judicial que determinará si se cumplen los requisitos para extraditarla a Colombia.
Entre juzgados colombianos y tribunales británicos
La diligencia será meramente procedimental, así que no significará necesariamente una definición inmediata de su envío a Bogotá. Pero es clave de cara a los pasos siguientes. La bogotana se opuso en la justicia británica a una extradición voluntaria luego de que Interpol la detuviera.
El tribunal seguirá impulsando el proceso, que podría extenderse por semanas o meses mientras analiza los argumentos de la defensa para intentar evitar la extradición. Mientras tanto, Guzmán permanece recluida en la prisión de Bronzefield, la cárcel de mujeres más grande de Europa.
Y en Colombia las autoridades mantienen la expectativa. A finales del año pasado, bastaron tres días para agrupar carpetas y folios que viajaran desde Colombia hasta Reino Unido. Luego de la revelación de medios británicos sobre el rescate de Guzmán Castro en el río Támesis, la Fiscalía y el Ejecutivo pisaron el acelerador.
El 16 de diciembre de 2025 las autoridades británicas encontraron a Guzmán. Desde entonces, la mantuvieron en custodia. La circular roja contra la investigada por el asesinato de dos menores se hizo efectiva apenas el 6 de enero de 2026, cuando el personal médico que la cuidaba certificó que estaba en buenas condiciones de salud.
La Fiscalía empezó a moverse el 17 de diciembre. La fiscal Elsa Reyes, de la Seccional de Bogotá, contactó a sus superiores para activar todos los canales que permitieran la extradición de la empresaria, sobre quien pesa una orden de captura desde el 25 de octubre.
Reyes, quien ha acumulado testimonios, informes y elementos probatorios que vinculan a Guzmán con la intoxicación con talio por la que murieron dos menores en la capital en abril, le pidió al director Javier Mauricio Paba interceder ante el ente acusador y ante el Ministerio de Justicia.
En total, el jefe de la seccional capitalina le remitió a la cartera del Derecho 37 folios para incidir en la extradición, "en virtud de la investigación" adelantada contra la bogotana de 54 años "por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación punitiva" y homicidio en tentativa.
Un alimento "intencionalmente contaminado" y un caso "de extrema gravedad"
La Fiscalía describe a Zulma Guzmán como una mujer soltera de un metro con setenta, contextura mediana, tez trigueña, cabello castaño claro, ojos verdes, cejas ligeramente arqueadas, nariz recta, boca pequeña y labios medianos. La información, contenida en la orden de captura, servía para que Reino Unido la identificara.
El 3 de abril de 2025 dos menores recibieron un domicilio de frambuesas congeladas cubiertas con chocolate, "un alimento (...) intencionalmente contaminado con talio, metal pesado altamente tóxico", narra la fiscal Reyes en su solicitud de extradición. Las niñas consumieron el producto al día siguiente.
Una de las intoxicadas murió el 5 de abril. Otra, cuatro días después. Un joven de veintiún años y una tercera adolescente "habrían fallecido" si no lograban recibir "atención médica inmediata". "Las lesiones ocasionadas les generaron afectaciones permanentes", relata el ente investigador.
La Fiscalía da por hecho que Guzmán "coordinó el envío del alimento envenenado", así que la señala como autora de los homicidios y las tentativas. "Este caso reviste extrema gravedad", insiste Reyes, argumentando los decesos, las edades de las víctimas y la contaminación.
El expediente aglutina, como elementos que serán pruebas en un futuro juicio, testimonios, búsquedas en bases de datos, inspecciones —como al edificio donde atiende Rosas o la vivienda escena del crimen—, interceptación de comunicaciones, pruebas toxicológicas y allanamientos.
"Valiéndose de un tercero o empresa de mensajería y de maniobras engañosas, habría hecho llevar a la vivienda (...) un alimento (...) intencionalmente contaminado con talio que, al día siguiente de su ingesta (...), causó la muerte de las menores", dice la fiscal refiriéndose a Guzmán.
Sigue la carrera contrarreloj para cumplir la extradición y la orden de captura
Los sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, metabólico y hematológico de una de las sobrevivientes quedaron seriamente comprometidos. El último de los jóvenes afectados requirió manejo con terapias extracorpóreas y de quelación, por lesiones en varios órganos.
En octubre de 2025, la fiscal del caso le pidió al Juzgado 13 de Control de Garantías de Bogotá la captura de la empresaria. El togado Wilfredo Betancourt Mosquera accedió. En ese momento las autoridades no conocían la residencia ni más datos particulares además de la estatura.
La finalidad del arresto, desde entonces, es "asegurar la comparecencia" de Zulma Guzmán en el proceso penal. O sea, frenar su aparente comportamiento escurridizo y permitir que Reyes le impute cargos y pida una medida de aseguramiento en la cárcel.
Desde el 25 de octubre, la orden de captura se ha mantenido vigente por hasta un año. La investigación dio con la empresa que entregó las frambuesas, una veterinaria, un consultorio odontológico, un número de teléfono clave y un supuesto escape de Guzmán a Argentina luego de los asesinatos.
La Fiscalía asevera contar con al menos dieciocho informes —entre los de investigadores y los de necropsia—, seis declaraciones, dos entrevistas, una orden de captura —la del juez de garantías—, el registro migratorio de Zulma Guzmán y su tarjeta decadactilar.
"Con base en el citado material, se encuentra acreditada la posible responsabilidad de la ciudadana Zulma Guzmán Castro", concluye la fiscal Reyes, quien prometió prorrogar la orden de captura de la bogotana "las veces que resulten necesarias" si no se hace efectiva antes de octubre de 2026.
La expectativa se prolonga mientras las pruebas se amontonan
Adriana Mercado, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se unió a la petición de extradición. El 18 de diciembre le envió al Ministerio de Justicia un oficio que marcó en la primera página con la expresión "alta prioridad" en negrita, mayúscula y subrayada.
Entre Colombia y Reino Unido existe el Tratado de Recíproca Extradición de Reos desde octubre de 1888. Mercado puso en manos de la dirección de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia toda la documentación sobre Guzmán en español y en inglés.
La idea era que el ministerio "disponga el trámite pertinente con el objeto de que a la mayor brevedad posible se eleve el pedido formal de extradición ante las autoridades competentes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", según la misiva de Mercado.
El Ministerio de Justicia contestó. El Grupo de Extradiciones de la agencia gubernamental elaboró un documento que posteriormente firmó la directora Ana Fabiola Castro, y que desde la primera página expresa la "necesidad" de que Guzmán le responda a la justicia.
"Con el fin de viabilizar la petición se suministra y adjunta la documentación necesaria que respalda esta solicitud, la cual esperamos sea considerada con la mayor diligencia", remarca el archivo, de cinco páginas, que reitera los delitos: homicidio y tentativa de homicidio, ambos agravados.
La petición llegó al otro lado del mundo. El ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, esperaba que Zulma Guzmán regresara a Colombia esposada antes de que terminase el 2025, o que por lo menos el Gobierno británico replicara después de Navidad. Finalmente, no ocurrió.
En diciembre el Juzgado 69 de Control de Garantías emitió un edicto emplazatorio, un tipo de notificación pública, para informarle a Guzmán que en su contra avanzaba un proceso penal. Se trata de un paso previo a una declaratoria de persona ausente, que la Fiscalía puede solicitar para imputar a a la empresaria mientras sigue fuera del país.
