"No hubo ninguna clase de acuerdo, no hubo una propuesta técnica real": aseguró gobernadora del Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, afirmó en entrevista con La FM que no existió ningún acuerdo entre los gobernadores y el Gobierno Nacional sobre el manejo de los recursos territoriales, cuestionó el alcance del Decreto 1474 y anunció que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar su suspensión por el impacto que tendría sobre la autonomía fiscal y las finanzas departamentales.

Matiz señaló que en la reunión con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior no se pactó ninguna salida concreta. “No hubo ninguna clase de acuerdo”, dijo, y agregó que aunque se reconoce el espacio de diálogo, no comparte la afirmación del ministro de Hacienda según la cual Colombia es un Estado central sin autonomía. Según la mandataria, esa postura contradice el artículo primero de la Constitución, que define al país como una república unitaria, “descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”.

¿Cómo afecta el Decreto 1474 a la autonomía y a los recursos del Tolima?

La gobernadora explicó que el Gobierno no presentó una propuesta técnica formal para compensar a los departamentos. “No hubo una propuesta técnica real. Solo se estableció que se harían mesas técnicas con funcionarios”, afirmó. Añadió que los gobernadores defienden la autonomía y los recursos porque el Decreto 1474 limita el recaudo territorial al permitir aumentos solo hasta el IPC frente a 2025.

De acuerdo con Matiz, si los departamentos superan ese margen, el excedente tendría que girarse a la Nación. “Si superamos ese límite, tendríamos que entregar el excedente, cerca de un 9%, sin saber en qué se va a distribuir”, explicó. Para la gobernadora, esa medida restringe la capacidad de gestión fiscal de los territorios y afecta directamente el impuesto al consumo, que es de carácter departamental.

Frente a las críticas sobre la gestión de los gobernadores, Matiz respondió que el decreto impide mejorar el recaudo. “Si aumentamos las ventas, como ocurre con nuestro Aguardiente Rosado, el excedente se iría a la Nación”, indicó. Agregó que “el impuesto al consumo es de los territorios y no pueden arrebatarnos esos recursos mediante un decreto”, lo que calificó como un “asalto centralista a la autonomía fiscal”.

Sobre la situación de la industria regional, precisó que la Fábrica de Licores del Tolima no está quebrada. “Ha sido modernizada, no maquilamos y generamos empleo local”, dijo. Según la gobernadora, el problema no es la gestión departamental, sino el límite que se impone al crecimiento del recaudo con el nuevo esquema.

¿Cuál es el impacto financiero del decreto en salud y en la industria de licores?

Matiz detalló el efecto directo en las finanzas del departamento. “Solo en la Fábrica de Licores del Tolima, las transferencias para salud, educación y deporte disminuirían un 30%”, afirmó. También dijo que el año anterior el departamento recibió 113.000 millones de pesos por concepto de licores y que, si esos recursos se reducen, no habría cómo cubrir obligaciones nuevas.

Entre ellas mencionó el régimen subsidiado. “Ahora debemos financiar el ADRES, que antes no pagábamos y que hoy nos exige giros millonarios”, explicó. Para la gobernadora, la afectación no solo es fiscal sino también estructural para la sostenibilidad de los programas financiados con el impuesto al consumo.

La mandataria también se refirió al impacto sobre el consumidor y el mercado. Señaló que productos como botellas de vino que costaban 12.000 pesos podrían superar los 17.000. “Los impuestos subieron un 100%”, afirmó. Según Matiz, el riesgo es que los compradores migren a productos más económicos y con menos grados de alcohol, lo que afectaría de forma permanente a las licoreras regionales.

“Los efectos de este decreto deben proyectarse a 10 años por la pérdida de mercado que va a generar”, dijo. En ese escenario, sostuvo que la industria departamental perdería participación y se debilitaría la fuente principal de financiación territorial.

Ante la falta de acuerdo, la gobernadora confirmó la ruta jurídica. “La única alternativa es tomar acciones ante la Corte Constitucional”, aseguró. Anunció que solicitarán una medida preventiva para suspender el decreto y que la Corte escuche a los gobernadores. “Defender los recursos no es rebeldía, es responsabilidad y compromiso con los ciudadanos”, concluyó.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.