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El Ejército Nacional continúa la fuerte ofensiva contra los grupos criminales en todo el territorio nacional, con el fin de atacar sus economías ilícitas y sus acciones criminales.
Es así como, en las últimas horas, la institución confirmó que las tropas de la Vigésima Séptima Brigada incautaron una tonelada y media de marihuana, la cual pertenecería a los Comandos de Frontera.
Detalles de la incautación
El reporte señala que, en desarrollo de operaciones militares, las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 27 General Luis Ernesto Ordóñez Castillo, en coordinación con el Departamento de Policía de Putumayo, lograron la incautación de 1656 kilogramos de marihuana.
La incautación se dio durante un dispositivo de control y seguridad vial realizado en el corregimiento de San Pedro, del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo.
Según las autoridades, el cargamento tendría un valor aproximado de 2.500 millones de pesos, con lo que se producirían cerca de 1.656.000 dosis.
Ello, representaría en el exterior más de cuatro millones de dólares, por lo que el Ejército señala que "este es un golpe significativo a las finanzas ilegales de la estructura criminal dedicada al narcotráfico en la región".
Según las informaciones de inteligencia, el material incautado pertenecería a los Comandos de Frontera, organización que delinque en esta zona del país y obtiene recursos económicos a través del tráfico de drogas, afectando la seguridad y tranquilidad de la población.
Además, en la operación fue capturado un miembro de esta estructura, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes junto con los elementos incautados.
"Con este resultado operacional, la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales, contribuyendo a debilitar sus capacidades logísticas y financieras", dijo el Ejército.
Entre tanto, las tropas continuará desarrollando operaciones militares en la región, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil y debilitar las rentas criminales de estos grupos, en coordinación con las autoridades judiciales, con el propósito de garantizar la seguridad y el orden en la región.
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