Tras denuncias del Pacto Histórico por presunto prevaricato, Comisión de Acusación inspeccionará el Consejo de Estado

El órgano político indaga a varios magistrados para determinar si cometieron prevaricato en la destitución del gobernador de San Andrés.
Consejo de Estado
Consejo de Estado Crédito: RCN Radio

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó una inspección judicial en el Consejo de Estado, en medio de una indagación previa por denuncias del Pacto Histórico por presunto prevaricato.

El expediente arrancó formalmente el 7 de noviembre, cuando la representante investigadora, Gloria Arizabaleta —de la Fuerza de la Paz, el movimiento del exsenador Roy Barreras— abrió la indagación y decretó la práctica de pruebas.

Dos elementos clave que la Comisión pretende recabar son los expedientes que resolvieron una tutela de Kimberly Torres y una nulidad por doble militancia de la elección del exgobernador de San Andrés Nicolás Gallardo, del Partido Liberal.

Kimberly es hija de Luis Torres James, un exsecretario de Movilidad de San Andrés y Providencia que en 2023 fue candidato a la Asamblea Departamental con el aval de Nuevo Liberalismo. El Consejo de Estado constató que Nicolás Gallardo lo apoyó.

Cuando la Sección Quinta anuló la elección de Gallardo, Kimberly y el abogado Efraín Ángel González presentaron dos tutelas para tumbar esa decisión. El trámite fue enredado, porque involucró traducciones al creole y varias intervenciones de isleños.

Al final, en octubre, la Sección Segunda rechazó las tutelas y mantuvo a Gallardo destituido. El comité político del Pacto Histórico de San Andrés denunció a "magistrados del Consejo de Estado" ante la Comisión de Acusación, y ahora la corporación actúa.

El auto que abre la indagación no nombra a ningún magistrado en particular, pero la ponente en la tutela fue Elizabeth Becerra, y en la nulidad de Gallardo fue Germán Osorio Cifuentes. La inspección en el Consejo de Estado será este miércoles a las cuatro de la tarde.

Hasta el momento, el caso está en etapa preliminar. Luego de obtener evidencia, Arizabaleta y la Comisión determinarán si se abre un proceso penal o disciplinario propiamente. La Dijín y el CTI de la célula legislativa acompañarán la inspección.


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