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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó 18 conceptos para tomar una decisión final sobre la imputación de cargos contra los integrantes del Secretariado de las Farc por casos de esclavitud y trabajos forzados a las personas que estaban secuestradas.
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La Sala busca conocer diferentes opiniones de académicos, universidades colombianas y de Estados Unidos, centros de estudio y Organizaciones No Gubernamentales conocedoras del marco legal y temas de esclavitud para definir así la continuidad de esta imputación tal y como lo solicitó la Procuraduría General.
Uno de los principales interrogantes que deberán resolver las entidades consultadas es si "la imposición de trabajos forzados por parte de las extintas Farc-EP en cautiverio podría configurar el crimen de lesa humanidad de esclavitud".
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En los conceptos se deberán limitar los términos de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y toma de rehenes. Para esto se fijará el contexto internacional y hechos que se han registrado en varios países del mundo.
Debido a la complejidad del tema y a lo que representa para esclarecer uno de los puntos más vergonzosos del conflicto armado, la JEP considera que es necesario ampliar la información y los conceptos existentes.
Los excomandantes de las Farc que siguen cumpliendo el acuerdo de paz han manifestado que no reconocerán este caso dentro del expediente 01 que hace referencia a los secuestros durante el conflicto armado.
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El pasado 7 de noviembre, en un video revelado en la sede del Partido Comunes, el excomandante máximo de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, más conocido como ‘Timochenko’, calificó como "errada" la política del secuestro. Tras una reflexión indicó que todos los integrantes del Secretariado han reconocido con sinceridad que estos hechos por su gravedad son crímenes de guerra y de lesa humanidad".
"Reiteramos también nuestro reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Así como someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida”, reconoció.
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Sin embargo, consideran que no pueden calificarse como una organización esclavista y mucho menos que obligaran a los secuestrados a realizar trabajos forzados. "No compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud”.
En una carta enviada a la JEP también reconocieron su error al privar a las personas de su libertad sabiendo el dolor que le causaron a las víctimas y a su grupo familiar.
“El sentido de la jurisdicción debe ser el de materializar una justicia para la paz y la reconciliación que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivo de los tribunales penales. En este escenario, el rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas y al mismo tiempo, buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable duradera y completa como lo pactamos en el acuerdo final de paz”, aseguró 'Timochenko'.
Pese a las declaraciones que han entregado varios exsecuestrados, entre ellos integrantes de la Fuerza Pública, han citado los casos de esclavitud y trabajos forzados que vivieron estando en cautiverio.
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