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Los miembros del Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc-EP respondieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que ésta les ordenara reconocer los casos de esclavitud y trabajo forzado a los secuestrados.
Según los dirigentes del hoy Partido Comunes, la entonces guerrilla no fue una organización esclavista, razón por la cual anunciaron que interpondrán los recursos que contempla la Ley y el acuerdo ante la propia jurisdicción.
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A través de un video, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, en nombre de todos los integrantes, manifestó que “hemos podido reflexionar sobre la errada política del secuestro que en su momento adoptados. Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos por su gravedad son crímenes de guerra y de lesa humanidad".
A renglón seguido, dijo: "reiteramos también nuestro reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Así como someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados y el haber truncado sus proyectos de vida”.
“Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos y cumplimos el acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud”, agregó.
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Londoño señaló que “sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc-EP fue una organización esclavista”.
En ese sentido, Timochenko insistió en que no comparten esta nueva calificación propuesta por la Procuraduría y que fue aceptada por la sala de reconocimiento de la JEP.
También recordó que han llevado a cabo más de 200 actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escucharon a las víctimas. También mencionó que de su ética revolucionaria aceptaron responsabilidad pese a que algunos sectores de la sociedad han querido desconocerlo o desinformar al respecto.
“El sentido de la jurisdicción debe ser el de materializar una justicia para la paz y la reconciliación que acoja realmente el enfoque restaurativo y no el punitivo de los tribunales penales. En este escenario, el rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas y al mismo tiempo, buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable duradera y completa como lo pactamos en el acuerdo final de paz”, aseguró Londoño.
Los miembros del Secretariado concluyeron: “Cumplir el acuerdo es un deber ético, jurídico y revolucionario, que seguimos reafirmando en la escucha sincera de las víctimas y de sus demandas. Es por las víctimas y por nuestro compromiso con un país en paz, que mantenemos la voluntad de nuestro reconocimiento pese a las adversidades e incumplimientos del Estado en la implementación del acuerdo”.
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Cabe recordar que, en días pasados, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) había ordenado a la desmovilizada guerrilla reconocer casos de esclavitud y trabajo forzado a los secuestrados.
La determinación se tomó al aceptar una petición de la Procuraduría General de la Nación que señalaba que dentro de la política de secuestro que instauró las Farc, se le obligó a los secuestrados a realizar trabajos forzados "de manera concurrente" a personas que estaban privadas de la libertad.
