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Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron secuestrados este domingo en zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca, luego de ser obligados a descender de un vehículo de transporte público por un grupo armado ilegal, según informó la Defensoría del Pueblo. El hecho ocurrió en el sector de Santo Domingo, una zona que históricamente ha registrado presencia de distintos actores armados ilegales y enfrentamientos entre ellos.
La Defensoría exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los uniformados, advirtiendo que, de no hacerlo, el caso podría constituir una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por tratarse de una posible “toma de rehenes”. En su pronunciamiento, la entidad reiteró que está dispuesta a acompañar las gestiones humanitarias necesarias para lograr la recuperación de la libertad de los militares y de otras personas que permanecen en cautiverio en el país.
Las autoridades locales y regionales han sido alertadas sobre la situación, y se mantienen coordinaciones con organismos de seguridad y entidades humanitarias para establecer el paradero de los uniformados. Hasta el momento, no se ha confirmado qué grupo armado sería responsable del secuestro, aunque en esta zona del oriente colombiano operan estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.
Arauca continúa siendo uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, enfrentamientos entre organizaciones criminales y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil. De acuerdo con reportes recientes de organizaciones humanitarias, en la región se han registrado desplazamientos forzados, confinamientos y un aumento en los hechos de violencia durante el último año.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de garantizar la protección de todas las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluyendo los integrantes de la fuerza pública cuando están fuera de combate o en condición de cautiverio. Asimismo, ha manifestado su disposición a actuar como mediadora en casos de secuestro o retención ilegal para facilitar soluciones humanitarias.
El Gobierno Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso hasta el momento. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los grupos armados a liberar a todas las personas privadas de la libertad y a respetar la vida y la integridad de los secuestrados.
