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En una reciente reunión celebrada entre el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, el secretario ejecutivo de la entidad, Harvey Suárez, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se avanzó en la construcción de proyectos orientados a definir las sanciones que impondrá esta jurisdicción.
El encuentro, realizado con el objetivo de fortalecer la implementación de las sanciones propias de la JEP, permitió sentar las bases para su ejecución efectiva y sostenible.
Durante la reunión, los funcionarios discutieron la importancia de la colaboración armónica entre las distintas entidades públicas involucradas en el diseño y ejecución de las sanciones.
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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó la necesidad de dictar sentencias que no solo fueran viables y ejecutables, sino que también pudieran garantizar su sostenibilidad incluso tras el cierre de la Jurisdicción.
“Nuestro objetivo es dictar sentencias que sean viables, que se puedan ejecutar y que sean sostenibles”, señaló el magistrado.
Por su parte, la ministra Ángela María Buitrago subrayó la relevancia de garantizar un proceso de justicia restaurativa que sea homogéneo, transparente y eficaz.
Buitrago enfatizó que el cumplimiento de estos principios es esencial para asegurar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos, siempre dentro del marco del debido proceso.
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La reunión también sirvió para revisar los proyectos en curso y priorizar acciones en las diferentes instancias de la JEP, los funcionarios coincidieron en la necesidad de seguir garantizando los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la restauración de las comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.
Estos proyectos se centran en consolidar la paz y fortalecer el cumplimiento del Acuerdo de Paz, asegurando que las sanciones sean justas y respetuosas con los derechos humanos.
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