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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntamente desatender requerimientos en el marco de una visita administrativa de inspección realizada en marzo de este año.
Las visitas llevadas a cabo los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024, permitieron a la SIC recaudar información para “verificar el cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano”. Durante estas visitas, la entidad solicitó información, datos y acceso a dispositivos electrónicos necesarios para sus funciones de supervisión.
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La entidad explicó que el proceso de imputación de cargos busca determinar si los investigados incumplieron el deber de acatar las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia, en calidad de Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia.
De acuerdo con la SIC, el objetivo de la investigación es esclarecer si las conductas de los funcionarios investigados “pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta entidad”.
Entre las conductas objeto de investigación, la Superintendencia mencionó la presunta negativa de los funcionarios a entregar información almacenada en dispositivos electrónicos, así como la falta de atención a diligencias programadas. La entidad subrayó la importancia de “la entrega de la información requerida y el acceso a los equipos electrónicos” para el adecuado ejercicio de sus competencias.
Pese a las garantías ofrecidas para el manejo de la información durante la visita, y el acompañamiento del procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, la SIC señaló que “la información requerida no fue entregada de forma oportuna, ni fueron atendidas las demás órdenes e instrucciones”.
Según el ente de control, se advirtió a los funcionarios de la RNEC sobre las consecuencias de no cumplir con los requerimientos y del deber de reserva que asistía a la SIC en la inspección.
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La investigación podría culminar en la imposición de sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada persona, que según la SIC, haya infringido las normas de competencia o facilitado la realización de estas conductas. La Superintendencia fundamenta este proceso en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009.
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