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El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, anunció este jueves que su organismo adelanta una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos este año por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con entidades nacionales y locales por un monto que supera los $191.000 millones.
Así lo indicó el jefe del Ministerio Público, al señalar que el organismo "identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracan Iota, en el departamento se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales seis, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de transito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario".
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El procurador Carrillo reveló que los contratos "fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S".
Alumbrado navideño
Sobre el escándalo del alumbrado navideño, Carrillo indicó que abrió indagación preliminar al gobernador encargado del archipiélago, Alen Jay Stephens y "contra los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones".
Según explicó el procurador Carrillo, se investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), los estudios previos, el acta de inicio "y la póliza de cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.2037986, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P".
Así mismo, se indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio.
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Covid-19
Entre las decisiones que entregó el procurador Carrillo, desde San Andrés, está la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y también a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el contrato 1163 de 2020, "suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones".
Otro de los investigados por este caso es el secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, "por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648".
Para el Ministerio Público, es importante determinar "el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes".
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Así mismo, se avanza en la indagación preliminar contra el gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades "en la ejecución del contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000".
"El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento", señaló el ente de control.
