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La Procuraduría apeló la decisión de la Sala Amnistía o Indulto de la JEP sobre el atentado con un ‘burro bomba’, perpetrado por las Farc en 1996, tras considerar que no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado los demás hechos cometidos durante el ataque.
Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 1996 en el corregimiento de Chalán, municipio de Ovejas, Sucre. Las Farc llevaron a cabo una acción militar que comprendió, entre otras, la toma de la estación de policía, frente de la cual detonaron a control remoto un explosivo oculto bajo racimos de plátano, en la carga puesta a un burro.
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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, aseguró que estos ataques y afectaciones que no estudió la SAI, evidencian la infracción del principio de humanidad y denotan que se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán.
En el concepto, el delegado considera que se presenta un caso de macrovictimización, “pues entender que solo los policías fueron objeto de ataque limita la posibilidad de comprender que la población civil en su conjunto también fue víctima”.
Para la Procuraduría, el análisis global de los hechos permitirá que el concepto de víctima sea lo más amplio y garantista, haciendo posible que los reconocimientos y acreditaciones se den no solo a los familiares de los policías asesinados, sino a la población perjudicada.
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Contrario a lo dicho en el concepto emitido por la JEP, para la Procuraduría sí se puede inferir tanto la eventual existencia de una función continua de combate por parte de los policías, como una ventaja militar concreta y directa, derivada de la presencia de armamento de largo alcance, por lo que los policías se volverían objetivo militar.
Para el delegado del Ministerio Público, la sala dejó de lado el análisis de los otros daños causados, como fue el colegio, la Alcaldía municipal, el centro de salud y las casas aledañas.
