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La Procuraduría General le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aclare los alcaldes del fallo que avaló la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa, para expandir la ciudad e intervenir la reserva Van Der Hammen.
El Ministerio Público pide verificar si dicha decisión tuvo en cuenta algún régimen jurídico que sirviera de base, para la adopción de medidas cautelares sobre la reserva.
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“El órgano de control indagó si las órdenes fijadas en el auto del 10 de octubre de 2018 fueron decretadas con fundamento en la Ley 472 de 1998o en la 1437 de 2011, teniendo en cuenta que los recursos legalmente procedentes varían según se trate de uno u otro esquema procesal, así como también los tiempos en que deben resolverse”, señala el Ministerio Público.
Además, la Procuraduría solicitó aclarar "en qué consiste la urgencia o inminencia de las medidas cautelares decretadas, dado que la decisión solo se fundamenta en aspectos de necesidad y conveniencia".
La decisión de la magistrada Nelly Villamizar se dio a conocer el pasado 11 de octubre ordenando a la Corporación Autonoma Regional (CAR) que asuma modificaciones de la reserva con el fin de adelantar la conectividad de los cerros orientales con la sabana de Bogotá.
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El fallo avala la propuesta del Distrito para delimitar nuevamente la reserva y permitir las obras, por lo cual el Ministerio Público también pidió precisar "si se tuvo en cuenta el Decreto 270 de 2017, que establece en cabeza de las autoridades del orden nacional, la regulación de los plazos y el procedimiento para la publicación de los proyectos de actos administrativos, que contengan decisiones generales que afecten a la comunidad"
El pasado jueves la Corporación Autónioma Regional (CAR) se mostró en contra del fallo e interpuso un recurso de apelación para tumbar sus alcances, al considerar que la magistrada no era competente para decidir de fondo.
