La FM en Google News
El Consejo de Estado tumbó una multa de más de 800.000 millones de pesos que fue impuesta contra las sociedades para el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol II, en el marco del caso por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Entre los condenados en el fallo, que fue emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2018, se encuentran cuatro sociedades, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y seis personas, entre las que se encuentran los nombres del excongresista Otto Bula, el exdirectivo de Corficolombiana José Elías Melo y el exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales.
Leer también: Caso Odebrecht: Expresidente Santos será testigo en juicio clave
En ese fallo, el magistrado declaró responsables a las partes involucradas por cometer actos de corrupción que “dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo, a la moralidad administrativa”, por lo que debían pagar esa millonaria multa en concepto de los perjuicios provocados.
Esta determinación fue apelada por los condenados para que el Consejo de Estado revisara la decisión en segunda instancia, por lo que el magistrado Martín Bermúdez, de la Sección Quinta del tribunal, debió hacer el proceso para confirmar lo establecido.
Según lo conocido sobre la decisión, el magistrado, además de revocar la millonaria multa que tendrían que pagar los involucrados en el consorcio, retiró la responsabilidad de ocho de los implicados, excepto de la ANI, de Otto Bula y del exministro García Morales, pues esas decisiones no fueron apeladas.
También le puede interesar: Óscar Iván Zuluaga traspasó bienes a su esposa el día de la imputación por caso Odebrecht
El magistrado Bermúdez, del alto tribunal, también recriminó la decisión de primera instancia, pues consideró que la determinación era un “abuso de poder”, además de mencionar que una acción popular no era el mecanismo para definir responsabilidades por actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, además de declarar la incompetencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para asumir y decidir sobre estas disputas jurídicas.
