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Este 28 de julio se conocerá el sentido del fallo en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras la finalización de las 67 audiencias que componen el proceso. En entrevista con La FM, la abogada y columnista del diario El Colombiano, María Clara Posada, explicó el estado actual del caso y los escenarios posibles tras la decisión judicial.
Juicio contra Álvaro Uribe: cronología y cierre de audiencias
Y es que Posada aseguró que en el desarrollo del juicio se escucharon los testimonios de las presuntas víctimas, los testigos, el propio expresidente y los representantes de la Fiscalía. A juicio de la abogada, no se presentó ninguna prueba directa que vincule a Uribe con conductas ilícitas.
Indicó además que la Fiscalía “no logró sustentar su teoría del caso” y que, por el contrario, “intentó acomodar los hechos a esa teoría”. Según Posada, la defensa y la Procuraduría solicitaron la absolución, mientras que las víctimas y la Fiscalía pidieron condena. La juez deberá tomar una decisión el 28 de julio, decisión que podrá ser apelada.
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Escenarios tras el fallo y recursos legales disponibles
En caso de emitirse una sentencia condenatoria, el proceso contempla la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior correspondiente. Posteriormente, las partes podrían acudir a un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley.
Frente a la posibilidad de una pena privativa de la libertad, Posada evitó pronunciarse de forma definitiva. Indicó que podrían existir condiciones especiales por la edad y trayectoria del expresidente, pero aclaró que no es un tema sobre el que se puedan anticipar decisiones. Añadió que, en todo caso, será la juez quien establezca las consecuencias judiciales, de acuerdo con las pruebas debatidas.
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Independencia judicial y garantías procesales en el juicio
Al ser consultada sobre la posible influencia política en el proceso, la abogada explicó que el juicio ha sido público en virtud de lo dispuesto por la Ley 906 de 2004, lo que, en su criterio, ha permitido mayor transparencia.
Señaló que no debería haber ningún tipo de presión política sobre la decisión que tome la juez. “Si se actuara en estricto derecho, no debería pesar absolutamente nada”, afirmó. También manifestó que el caso no se reduce a la figura de Álvaro Uribe, sino que representa un precedente sobre el respeto a las garantías judiciales y la autonomía de la rama judicial.
Posada concluyó que este proceso ha sido único en la historia judicial del país, por tratarse del primer juicio público contra un expresidente de la República. Indicó que cualquier presión externa comprometería los principios del Estado de derecho y advirtió sobre los riesgos que esto podría representar para la democracia colombiana.
