¿A quién le corresponde investigar al Fiscal General?

No para la polémica en el país luego que se revelaran unos audios donde se escucha al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, junto a Jorge Enrique Pizano, fallecido controller (auditor) de la concesionaria Ruta del Sol, testigo del sonado caso de Odebrecht.

Pizano falleció el pasado ocho de noviembre. En principio se dijo que su fallecimiento obedeció a un infarto producto de un cáncer linfático que padecía. Sin embargo, pasaron tres días y la familia del auditor se volvió a ver afectada por la muerte de otro de sus integrantes.

En esta ocasión, quien murió fue Alejandro, hijo de Enrique Pizano, quien había llegado a Colombia desde España para el sepelio de su padre. El joven falleció el pasado domingo, debido a envenamiento con cianuro, tal como lo confirmó Medicina Legal; al parecer, la sustancia estaba en una botella de agua que permanecía en la oficina de su padre.

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Ante todo este panorama, muchos interrogantes empiezan a surgir, ya que ciertos sectores políticos consideran que el Fiscal General debería ser apartado de su cargo, teniendo en cuenta que habría tenido conocimiento de las irregularidades en el caso Odebrecht, y no hizo las denuncias correspondientes.

Frente a esto, RCN Radio y La FM consultaron a Juan Manuel Charry, abogado especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, quien explicó en detalle lo que podría pasar con el Fiscal General.

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Según el especialista constitucional, el Fiscal General tiene el mismo trato que un magistrado de las altas cortes. Por lo tanto, está sujeto a control político por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, está expuesto a juzgamiento político por parte del Senado de la República; si hay delitos comunes, la Corte Suprema le podría adelantar un juzgamiento.

Posteriormente, la Comisión de Acusaciones hace el trámite y si lo considera necesario presenta una propuesta de Acusación ante la Cámara; si la aceptan, el Fiscal General quedaría suspendido y se tramita un juicio político en el Senado de la República.

"Si hay acusación, el Fiscal General se suspende del cargo y el juicio político implica juzgar incumplimiento de funciones, es decir que no las cumplió o las excedió, o que hay indignidad en el cargo, en cuyo caso puede aplicarse la sanción de destitución. Si además hay una infracción al Código Penal, se enviaría el caso a la Corte Suprema de Justicia para que lo estudia y establezca si hubo delito o no", explicóCharry.

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El panorama del Fiscal Néstor Humberto Martínez en la Cámara de Representantes

En las últimas horas se conoció que la Red de Veedurías presentó la primera denuncia contra Martínez ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En el recurso, Pablo Bustos, presidente de la red, manifestó que el Fiscal General incurrió en “omisión de denuncia”, al considerar que conocía las irregularidades en la Ruta del Sol II pero no tomó acciones en el caso.

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Así las cosas, la Comisión deberá atender a la demanda e iniciar las investigaciones correspondientes para comenzar lo que podría ser un largo juicio en contra de Martínez.

Esta división de la Cámara está compuesta por 16 representantes de diferentes partidos políticos, por lo que se cree que la cercanía del Fiscal con ciertos sectores podría influenciar en el resultado final de las investigaciones.

Las curules de esta comisión están ocupadas por los siguientes congresistas:

Centro Democrático: Edward Rodríguez, Gabriel Santos, Luis Emilio Tovar y Óscar Villamizar.

Partido Liberal: Andrés Calle, Alejandro Carlos Chacón y Fabio Arroyave.

Cambio Radical: Hernando José Padauí, Erwin Arias Betancur, Carlos Alberto Cuenca Chaux.

Partido de la U: Jaime Armando Yepes y Jhon Jairo Cárdenas.

Partido Conservador: Germán Blanco, Juan Carlos Wills.

Alianza Verde: Wilmer Leal Pérez y Mauricio Toro.

De esta manera, los representantes deberán admitir o no la demanda, realizar las investigaciones correspondientes, y en caso de encontrar razones suficientes, acusar a Martínez ante el Senado de la República.

Por Francisco Bernal y Mateo Chacón.