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En diálogo con la FM, la organización de Madres Víctimas de Falsos Positivos, (MAFAPO), expresó con malestar e inconformidad la máxima sanción restaurativa que impuso la Justicia Especial de Paz, (JEP) de 8 años contra los 12 militares del batallón, La Popa de Valledupar tras haber sido declarados penalmente responsables de ejecuciones extrajudiciales.
Los 12 militares, quienes hacían parte del Batallón de Artillería Número 2, La Popa de Valledupar (César) fueron declarados como máximos responsables del asesinato y desaparición forzada de al menos, 135 personas en hechos registrados en el norte del Cesar y el sur de la Guajira.
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Jackeline Castillo, una de las víctimas y líder de dicha organización sostuvo que dicha colectividad busca justicia, verdad y reparación para sus familiares desaparecidos y asesinados por el Estado, quienes eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
Entre sus peticiones, solicitó que sean los propios militares que reparen el daño causado a sus hijos. Pero también enviaron un mensaje de agradecimiento a la Jurisdicción Especial de Paz por demostrar que efectivamente sí fue una práctica sistemática ejecutada por militares en función de "Política de Estado".
"Finalmente tener condenas ejemplares no tiene sentido porque nada de eso los va a devolver a la vida, necesitamos que ellos reparen el daño que causaron. Pero nosotras seguimos apuntando que podamos trabajar juntos, que den la cara, que reconozcan que cometieron esos crímenes", señaló Jackeline Castillo.
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"Primero agradecer esa gran labor que hizo la Justicia Especial de Paz donde se demostró que sí había sido una práctica sistemática bajo una política de Estado. (...) lo más importante es que reconocieron que sí habían cometido esos crímenes", añadió.
Dicha organización fue fundada en el año 2008, es un colectividad de mujeres que trabaja en la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la no repetición, utilizando expresiones artísticas como el "Costurero de la Memoria" y la intervención de botas pantaneras para visibilizar su lucha, a nivel nacional e internacional.
En esta sentencia, Jurisdicción para la Paz identificó dos patrones de criminalidad cometidos por los militares del Batallón La Popa. Por un lado, relacionado con asesinatos ocurridos en el marco de una relación de connivencia entre los miembros de la fuerza pública y los grupos paramilitares que operaban en la zona y en segundo lugar, se estableció como otro patrón criminal, que las víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad.
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"La imposición de estas sanciones propias en la JEP busca proteger los derechos de las víctimas, ofrecer seguridad jurídica a los comparecientes y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos": señaló la JEP frente a hechos que habrían ocurrido entre enero de 2002 y julio de 2005, cuando integraban el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, de Valledupar.
