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La Corte Constitucional concedió la tutela al exministro de Agricultura Andrés Felipe Ariaspara que se revise en segunda instancia la condena a 17 años de prisión, impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2014, por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Esta decisión abriría la puerta para que unos 233 sentenciados por el alto tribunal antes de 2018 pidan la revisión de sus casos, toda vez que sus condenas se emitieron en una única instancia. Incluso, la mayoría de los congresistas sentenciados por nexos con paramilitares también podrían tener revisión de sus sentencias.
¿Quiénes podrían salir beneficiados gracias al fallo de Andrés Felipe Arias?
En 2018 el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite que los congresistas y altos funcionarios del Estado puedan impugnar los fallos emitidos en su contra por la Corte Suprema de Justicia y tengan derecho a una segunda instancia.
Sin embargo, esa reforma no es retroactiva, por lo que aplica para las sentencias desde 2018, y no para el caso de Arias, quien fue condenado en julio de 2014. Pero gracias al fallo de la Corte Constitucional se abre la puerta para que el fallo sea revisado.
Además del exministro de Arias, los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado posiblemente tendrían la posibilidad de una revisión de sus casos.
Noguera fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en 2011, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, revelación de asuntos sometidos a reserva y falsedad por destrucción y ocultamiento. El exfuncionario fue también vinculado a la muerte del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, asesinado por orden del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
En 2017, la Corte Suprema emitió otra condena contra Noguera, en esa ocasión por las 'chuzadas' y seguimientos ilegales contra defensores de derechos humanos.
María del Pilar Hurtado, en 2015, fue sentenciada por las chuzadas del DAS, en un caso que también involucró al exsecretario de la Presidencia, Bernando Moreno, quien fue condenado a ocho años de prisión. Moreno, de igual forma, podría pedir revisión de su condena.
Otro Moreno que tendría derecho a que un jauez revisara su caso es el exsenador Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de prisión en 2014 por el 'carrusel de contratos' en Bogotá.
Lo mismo podría suceder con los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios, sentenciados en 2015 por el delito de cohecho por dar y ofrecer, en el llamado de la 'Yidispolítica' (influir para que la congresista Yidis Medina cambiara su foto a favor del proyecto que abría la puerta a la reelección de Álvaro Uribe). Por esa caso también fue sentenciado el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez Echeverri.
El exgobernador del Sucre, Salvador Arana, podría tener una revisión de su condena a 40 años por el homicidio del alcalde de El Roble. Arana también fue sentenciado por desviar fondos para favorecer a los paramilitares; sin embargo, en este momento está sometido a la JEP.
Otro parapolítico que tendría opciones es el exsenador Álvaro 'el Gordo' García, condenado en 2010 a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo ejecutada por los grupos paramilitares.
En total hay unos 60 dirigentes políticos condenados por la Corte Suprema de Justicia por nexos políticos con los paramilitares.
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