Liberación de miembros de Primera Línea: ¿Cuáles serían las consecuencias si estas fueran ilegales?

La Procuraduría General de la Nación ha advierto de varias irregularidades en la liberación de los integrantes de la Primera Línea ordenadas por el presidente Petro.

Según el procurador delegado, la juez Coordinadora del Centro de Servicios del complejo judicial de Paloquemao, en la capital, no tenía competencia para decretar la libertad de los dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz. Agregó que esa medida fue “una decisión de escritorio”, sin contar con el concepto de la Procuraduría, lo cual deslegitima, según el Ministerio Público, la constitucionalidad y la legalidad de las liberaciones.

En diálogo con La FM, el procurador delegado para Asuntos Penales, Jairo Acosta, explicó las razones que harían que estas liberaciones sean ilegales.

"Se hace referencia a las liberaciones correspondientes a Bogotá. Allí se surtió un trámite en el que, a juicio de la Procuraduría, no había competencia de parte de la coordinadora", mencionó.

Con respecto a los efectos que podrían traer, si se conociera que estas liberaciones son ilegales, el procurador delegado indicó que tienen dos consecuencias: "una de carácter jurídico, que tiene que ver con la legitimidad de las órdenes; otras que tienen que ver con las funciones que no tiene la señora coordinadora".

Por lo que menciona que en cuanto a la legitimidad de estas órdenes de liberación que se realizaron, Acosta mencionó que toca entrar en un proceso de revisión de las mismas, que tendría que hacerlo un juez de control de garantías.

En cuanto a la responsabilidad de la coordinadora, el funcionario indicó que "será la Fiscalía la que valorará si los elementos de juicio le dan los argumentos para iniciar un proceso penal", esto luego de que la Procuraduría haya hecho las indagaciones pertinentes.

En esta misma línea, mediante un comunicado de la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, fuentes cercanas a la jueza coordinadora Lilyan Jhohana Bastidasafirmaron que no existen irregularidades en la suspensión de las medidas de aseguramiento.