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Eran las 10:30 de la noche del 3 de mayo del 2000 cuando hombres fuertemente armados ingresaron al billar Monterrey en el municipio de Segovia (Antioquia). Tras identificar a Jesús Ramiro Zapata –un reconocido docente y defensor de derechos humanos de Antioquia- los hombres lo amenazaron par que saliera del establecimiento puesto que tenían que hablar con él.
Tras salir del lugar lo montaron por la fuerza a un taxi y lo trasladaron hasta el sitio conocido como ‘El Charco de las Brujas’ en el sector de ‘Marmajito’. Tras identificarse como hombres de Carlos Castaño Gil le propinaron varios disparos que acabaron de manera inmediata con su vida.
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Por haber denuncia la expansión de los grupos paramilitares, su alianza con dirigentes políticos de la región y la ejecución de masacres Zapata había recibido constantes amenazas en contra de su vida. Debido a esto el 11 de febrero de 1998 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares para proteger su vida e integridad personal.
Pese a esto –denunciaron sus familiares e integrantes de la Fundación- nunca se le otorgaron medidas dirigidas a proteger su vida e integridad personal pese a la complicada situación de orden público en la región y los asesinatos sistemáticos ejecutados por los paramilitares.
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Igualmente, consideraron que tras su denuncia por el crimen de 17 personas en el municipio de Segovia fue víctima de una persecución por parte de la Fuerza Pública. Esto como retaliación a la condena contra el comandante de la Brigada XIV, capitán Rodrigo Cañas Forero.
Después de 21 años de impunidad, la Fiscalía General determinó lo declaró como un crimen de lesa humanidad, es decir, que no prescribirá y se deberán tomar las medidas necesarias para continuar con su investigación.
En el documento de 72 páginas, el ente investigador señala que el asesinato de Zapata hizo parte de un plan sistemático para atentar contra los defensores de derechos humanos en el departamento. Estos ataques masivos tenían un solo objetivo: silenciar a los defensores a toda costa con el fin de acallar sus denuncias.
“Este requisito tiene que ver con el dolo con que actúan los victimarios, es decir, se requiere que el autor del hecho tenga pleno conocimiento que la violencia que está ejerciendo sobre la víctima, hace parte de un ataque generalizado y sistemático contra determinados sectores de la población. Tenemos que este último elemento se verifica en la presente actuación, ya que dentro del expediente se encuentra debidamente fundamentado el hecho de que los paramilitares del Bloque Metro, efectivamente tenían dentro de su política la agresión contra los defensores de derechos humanos y cuando ejercían la violencia sobre los mencionados, cegándoles la vida en la mayoría de los casos, estaban participando de ese ataque masivo y sistemático”, precisa la decisión.
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Igualmente se cuestiona la partición de agentes de la Fuerza Pública en un plan para afectar el trabajo que realizaba con el Comité vinculándolo con grupos guerrilleros.
En diferentes informes de inteligencia Zapata fue tachado como “guerrillero” o “bandolero” junto a los otros integrantes de comité. Con base en esto fueron víctimas de una persecución judicial para afectar su nombre y honra.
