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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, advirtió que la tutela es un derecho que tienen todos los ciudadanos para buscar que se garanticen sus derechos fundamentales.
En respuesta a las peticiones del presidente Iván Duque para no interponer tutelas en contra del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, el magistrado señaló que el deber de cada juez es revisar cada caso y resolverlo.
Hernández reiteró que la tutela es el recurso al que acuden los ciudadanos cuando sus derechos se ven amenazados.
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“Los jueces tenemos el deber de resolver esas peticiones y eso es lo que vamos a hacer los jueces frente a cualquier demanda de tutela”, dijo el magistrado.
Los llamados del presidente Duque se hicieron hace unos días, en rueda de prensa, cuando pidió a los jueces de la República “respetar” el plan de priorización que establecerá el Gobierno dentro del plan de vacunación.
“Un llamado muy especial a los jueces de la República, en el sentido de qué esas prioridades que van a salir en el decreto, son prioridades que tienen toda la legitimidad (...) y poner alto nuestra invitación a los jueces es hacer respetar esta prioridad porque en esto debe primar el derecho colectivo sobre el derecho individual de las personas”, dijo el presidente Duque en esa oportunidad.
El mandatario añadió que “las personas que de pronto no están en la línea de prioridad en la secuencia definida por el plan de vacunación, que no empiecen a llenar el sistema judicial de tutelas buscando un mecanismo para saltarse ese lugar, yo creo que el plan de vacunación ha sido bien conseguido”.
Hace unos días, el jefe de Estado se reunió con los nueve magistrados de la Corte Constitucional para presentarles el Plan Nacional de Vacunación.
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Lo que se supo de esa reunión que se desarrolló a puerta cerrada, fue que el Gobierno le advirtió a la Corte que al 21 de enero se habían radicado ocho tutelas contra ese plan, de las cuales una ya había sido negada por un juez de Cali.
Fuentes de la Corte señalaron que los magistrados no podrían comprometerse a negar o no a recibir las tutelas que lleguen contra el Plan Nacional de Vacunación, de lo contrario, se estarían vulnerando los derechos fundamentales de la población y que los magistrados podrían incurrir en una falta disciplinaria.
Otras fuentes señalaron que ese tema al parecer no cayó muy bien entre los magistrados de la Corte Constitucional.
