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La Sección de Audiencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) adelantó una audiencia virtual con la presencia de voceros del Consejo Nacional de Política del partido Farc, en la que dejaron en evidencia la situación de violencia que viven en diferentes regiones del país.
De acuerdo con esa organización, los distintos hechos de violencia que enfrentan los exguerrilleros han dejado un balance de 199 reincorporados y 34 familiares muertos.
Esta diligencia se llevó a cabo dentro del proceso que se sigue en el trámite de medidas cautelares colectivas avocadas por la JEP, desde el pasado 28 de abril, encaminadas a proteger a los comparecientes de la fuerza pública y de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc.
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Esta audiencia virtual contó con el acompañamiento de la Procuraduría General, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y magistrada Lily Rueda, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP.
En total, durante la diligencia virtual participaron 55 personas, entre magistrados y equipo de la JEP, comparecientes y abogados.
La JEP reportó que la diligencia, que se extendió por espacio de tres horas, se llevó a cabo con transición especial desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de departamentos como la Guajira, Cesar, Caquetá, Tolima, Huila, Putumayo Meta y Casanare.
Los excombatientes expusieron una serie de denuncias sobre las circunstancias que afectan su seguridad y vida y que han ocasionado el desplazamiento de muchos reincorporados y sus familias.
De igual forma, los miembros del partido Farc denunciaron las campañas de estigmatización y exclusión a las cuales se ha visto expuestos.
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Los magistrados de la JEP señalaron que van a continuar revisando y verificando información suministrada por los excombatientes y las entidades del Estado que deberán emprender acciones en el trámite de las medidas cautelares.
“Con base en los análisis, convocará en los próximos días a una audiencia pública, con el objetivo de establecer las causas estructurales de la difícil situación de riesgo y tomar medidas prontas para proteger a los comparecientes que se han sometido a la JEP”, enfatizaron los magistrados.
