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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó los trámites para vincular a uno de los casos que tiene abiertos a 16 exmilitares colombianos por presunta colaboración con el paramilitarismo.
En concreto se investiga su presunto apoyo en los años 90 a desmovilizados de grupos guerrilleros para que pasaran a engrosar las filas paramilitares y luego los presentaban como excombatientes en proceso de reincorporación a la vida en sociedad.
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La JEP, tribunal creado para juzgar crímenes de guerra cometidos colectivamente durante el conflicto armado, dijo que entre los investigados están el excomandante de Inteligencia de la Brigada XVII Jorge Luis Mejía y los generales retirados Leonardo Barrero y Rito Alejo del Río, que pueden ser vinculados al "Caso 08".
Este es un caso de nueva creación que quiere juzgar crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
DE LA GUERRILLA AL PARAMILITARISMO
"Se trata de altos mandos militares que habrían apoyado la oficialización, o revestimiento de legalidad, de la desmovilización de frentes del (Ejército Popular de Liberación) EPL y las FARC, que a pesar de encontrarse militando en el paramilitarismo, fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación", justificó la JEP en un comunicado.
Es decir, que este juzgado ha encontrado pruebas -a través de miles de documentos y 20 testimonios, entre ellos el del exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel"- de que estas personas habían apoyado la desmovilización de personas de frentes de las FARC y de la guerrilla del ELN, a pesar de que sabían que ya estaban militando en grupos paramilitares.
Por ejemplo, la JEP tiene pruebas de que ceremonias de desmovilización que tuvieron lugar en 1996 de miembros de las FARC y del EPL "habrían sido el producto de negociaciones, pactos y acuerdos entre los comandantes de los frentes guerrilleros, tanto individualmente, como de manera colectiva, con las (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) ACCU".
"En sus versiones ante la JEP, los comparecientes relataron que ya siendo en su mayoría orgánicos de las ACCU fueron beneficiados por políticas de asignación de tierras en calidad de guerrilleros desmovilizados y en proceso de reincorporación", añadió la JEP en el comunicado.
A raíz de esta práctica, en la que en vez de desmovilizarse los guerrilleros se pasaban a las filas de los paramilitares en coadyuvancia de los militares, "se produjo, en principio en la región de Urabá, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, un fortalecimiento de los grupos paramilitares".
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Los paramilitares -el grupo que según el informe final de la Comisión de la Verdad más homicidios cometió durante el conflicto armado- "aprovecharon su experiencia y formación militar, así como el conocimiento de la zona y de los miembros y milicianos de los grupos guerrilleros".
Así aprovecharon para desplegar "numerosas incursiones criminales", en las que incluso pudo haber "participación de unidades del Ejército Nacional adscritas al Batallón Vélez y al Batallón de Contraguerrillas 35", apuntó la JEP.
