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El Gobierno Nacional advirtió sobre la falta de compromiso de la extinta guerrilla de las Farc, frente al proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado y recordó que del billón de pesos que había anunciado solo ha entregado 3.000 millones, cifra que para las autoridades aún es mínima ante las exigencias del posconflicto.
Emilio Archila, consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, ratificó que se han presentado dificultades en la monetización de bienes por parte de ese antiguo grupo subversivo.
“Seguimos pensando que hay una diferencia muy grande entre el valor de los activos que las Farc anunciaron que iban a entregar para la reparación de las víctimas y lo que se ha podido monetizar”, sostuvo Archila.
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El funcionario agregó que “ellos anunciaron que iba a entregar un billón de pesos y de ese monto 500 mil millones de pesos son cosas que nunca podrán ser utilizadas para la reparación, porque eran cosas como infraestructura, obras o campañas de vacunación, de eso no se han podido monetizar solo tres mil millones de pesos”.
También dijo “nosotros como Estado y voceros de las víctimas en ese sentido si estamos esperando por parte de la extinta guerrilla de las Farc, un mayor compromiso y que cumpla lo que se dijo”.
Hace varios días, Pastor Alape, representante del partido Farc en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de paz (CSVI), aseguró que la decisión del gobierno de ampliar el plazo a seis meses para la entrega de bienes hace parte de "una campaña desacreditar ese movimiento y es otro ataque a los acuerdos de paz".
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En entrevista con La FM, Alape dijo que "el decreto no fue consensuado en la CSVI. Es una decisión unilateral del Gobierno. Es una violación al acuerdo donde se establece la comisión de seguimiento y verificación, donde se hacen los ajustes necesarios para garantizar de manera conjunta la implementación del acuerdo".
El decreto es "una estrategia del Gobierno para poner a la opinión pública en contra de las Farc, bajo el argumento de que estamos incumpliendo lo acordado. Hace parte de la campaña para desmontar la presión por los incumplimientos gubernamentales que se ha manifestado desde la comunidad internacional y otros sectores en Colombia", añadió Alape.
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